Los empleados estatales de Santa Cruz siempre han estado mal, pero como en la actualidad, pocas veces se recuerda.

El 70% prácticamente está en la línea o por debajo de la línea de pobreza y no alcanzan un sueldo mínimo de 48 mil pesos necesarios para una familia tipo, siendo esta cifra muy ajustada a una realidad que sobrepasa inclusive los 60 mil pesos para vivir dignamente en esta provincia, donde los aumentos operados, solo en la cadena alimentaria, supera el 180% en algunos rubros, en relación con el interanual.

Sin embargo, los gremios estatales ATE, UPCN y APAP, quienes congregan la mayor cantidad de afiliados de la provincia, no salen a gritar la pobreza en las calles como sucedía durante el gobierno de Macri, ni le enrostran a la gobernadora la paupérrima condición de vida que tiene el sector público por culpa de la política nacional.

Cuando ATE se quejaba en Santa Cruz, el dólar valía 47 pesos y un kilo de asado 170 (solo por poner una referencia) Hoy el dólar está en 175 y creciendo y el asado en la Patagonia 700 pesos y no vemos ningún reclamo. Esto tiene una sola lectura: a la dirigencia no le importa la pobreza de sus afiliados, le importa solo hacer política barata y de trinchera. Reclamar antes y no reclamar ahora, es una prueba fehaciente de lo que decimos. Solo se hacen los reclamos selectivos, de acuerdo a quien esté en el poder, aún cuando el partidario de turno los hambreé, mienta y no les resuelva nada o aún más, como el gobierno actual los sume en la pobreza indigna y a los jubilados en el peor de los desamparos y la pobreza.

UPCN, aceptó de plano y sin opinar en contrario, el magro porcentaje otorgado por el Ejecutivo. ATE y APAP, condicionados por el rechazo que rápidamente hizo conocer el sector docente y consciente de que la oferta es una burla soberana a las instituciones que representan, las cuales tienen como objetivo la lucha por el bienestar de sus afiliados.

Los únicos claros en el rechazo

Excepto la ADOSAC, que rechazó de plano un magro ofrecimiento del gobierno, hizo una declaración el 15 de octubre pasado informó que bajo el formato de “Acuerdo de Partes” se llevó a cabo un encuentro de partes con la asistencia de los paritarios de ADOSAC, Fernando Alarcón, Pedro Cormack y Ezequiel Alós y en la cual el Ejecutivo estuvo representado por Ismael Enrique, Ninette Milostic y Pablo Ruiz.

El gremio docente indica allí que en primer término informaron al CPE el rechazo in límine de cualquier oferta de sumas en negro  y sin aportes, pidiéndole al gobierno que se mejore la oferta salarial desde lo porcentualy acorde a la depreciación que hubo en estos meses, donde gran parte de los docente han pasado a estar en el límite o por debajo de la línea de pobreza.

“La respuesta del Poder Ejecutivo fue que no es posible mejorar la oferta, “negaron” que el ofrecimiento tuviese el item por conectividad en negro, e insinuaron que la oferta no había sido explicada correctamente a las bases”, indica el documento emitido por la ADOSAC.“Es evidente que desde el CPE se subestima la inteligencia de los docentes, se los percibe como manipulables y no como los verdaderos protagonistas en la construcción histórica de su salario. Todo esto deja a las claras que no son capaces de entender el rechazo masivo de toda la docencia a la propuesta. Manifestaron también, que la decisión tomada por las bases demuestra que no existe ningún apuro por parte del sector y por lo tanto dieron cierre a esta etapa de la negociación, sin responder tácitamente al pedido de continuidad que solicitamos ya sea en este formato de reunión o en una paritaria de ser posible”, señala la ADOSAC, tomando una posición clara al respecto de las negociaciones salariales con el gobierno, quien pretende unificar a todos los sectores bajo una propuesta salarial irrisoria entre el 7 y 9% repartido en dos periodos, llegando inclusive con la última cuota al mes de febrero del 2021, muy por debajo de cualquier actualización por inflación o depreciación de la moneda, debido a la hiperinflación en ciernes que hoy vive de manera encubierta, el país a causa de los desajustes económicos y financieros del gobierno nacional. (Agencia OPI Santa Cruz)

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