Como un juego de palabras fue presentado Nodio.

El observatorio que trabajará en "la detección, verificación, identificación y desarticulación de las estrategias argumentativas de noticias maliciosas y la identificación de sus operaciones de difusión".

 Esta iniciativa dependerá de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Preocupa esta nueva acción del gobierno nacional, que desde la comunicación busca instalar un discurso único -controlando el proceso de circulación de la información- y, al mismo tiempo, viola derechos consagrados: el derecho humano a la comunicación y el derecho a la libertad de pensamiento, ideas, de opinión y de prensa. Este observatorio materializa el avasallamiento sobre la democracia y sobre las libertades individuales por parte del oficialismo.

Lamentablemente acciones de este tipo no son una novedad, y menos en mi provincia, a la que le llamo "La Maqueta" porque todo ha sucedido antes y en escala reducida aquí en Santa Cruz. En mi provincia el gobierno ha implementado un modelo exclusivo de concentración de la información, tanto pública como privada, y de nula pluralidad de voces.
En Santa Cruz los medios públicos, como Canal 9 de Televisión Oficial y Radio Provincia LU14, desde hace años fueron convirtiéndose en verdaderos canales de propaganda oficial, donde las voces de la oposición son sistemáticamente silenciadas. El gobierno kirchnerista impuso un modelo de control total de la información, condenando, persiguiendo al periodismo libre y utilizando la pauta oficial como método de presión y control; premiando a los medios amigos y castigando a los que cuestionaban u opinaban libremente. El modelo además incluyó el desembarco de dirigentes y militantes del gobierno como dueños de medios de comunicación que solo difundían el relato oficial. Siguieron las presiones y la persecución a periodistas y a todo el que osara pensar diferente.

En Santa Cruz no hay conferencias de prensa, ni acceso a la información pública; no hay controles sobre las acciones del gobierno y el periodismo independiente es demonizado desde el gobierno, al igual que las voces opositoras

Los resultados de estas maniobras pueden verse hoy en Santa Cruz, que es una sombra de lo que fue y podría haber sido. El mismo gobierno lleva más de 35 años en el poder, tenemos reelección indefinida, ley de lemas, reformas varias de la constitución y una justicia que difícilmente se opone al poder. En Santa Cruz no hay conferencias de prensa, ni acceso a la información pública; no hay controles sobre las acciones del gobierno y el periodismo independiente es demonizado desde el gobierno, al igual que las voces opositoras. Los medios de comunicación que intentan ser independientes son castigados, el poder baja la información que se debe publicar para ser leída por una población acostumbrada a falsas noticias creadas a medida del mensaje oficial homologado.

Este año, el gobierno provincial avanzó un paso más en el control de la circulación de la información con la Resolución 63/2020 del Ministerio de Seguridad -dictada al inicio de la pandemia por el Covid-19-, a través de la cual una serie de medidas vinculadas a la comunicación institucional del Sistema de Seguridad Pública, restringiendo la posibilidad y el derecho de sus miembros de emitir ninguna información que no haya sido previamente homologada incluyendo con eso las redes sociales de sus miembros. De este modo, el artículo 3° de la Resolución 063/2020 vulnera el derecho a la libertad de pensamiento y expresión.

Este extendido control (información oficial, medios públicos de comunicación social, medios privados y publicidad oficial) sobre la información y sobre la comunicación social local va en contra de la transparencia en la gestión, la cual supone en sí misma hacer pública la información sobre la planificación, la implementación y la evaluación de las políticas públicas y la rendición de cuentas por parte del Gobierno. Sin transparencia se vulneran los valores democráticos. Va en contra también de la libertad de expresión y del derecho humano a la comunicación.

No queremos que lo que pasó en Santa Cruz se extienda a todo el país. Y las acciones recientes del gobierno nos demuestran pasos en esa dirección. Nodio pretende avanzar sobre los medios digitales mientras la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual tiene alcance sólo sobre la televisión y la radio. Es decir, que además de carecer de legitimidad, el observatorio carece de legalidad.

Nodio subestima a los ciudadanos -presentándolos como pobres víctimas engañadas por las mentiras que circulan en los medios de comunicación- y arremete directamente porque a través de la intervención estatal verán sensiblemente condicionado el acceso al derecho a la comunicación.

Frente a un escenario de grieta, ¿la solución es el control estatal desde la comunicación? En los gobiernos populistas es el modelo. Pero no debe ser nunca el modelo en las sociedades democráticas, republicanas y libres. Los gobiernos en los modelos democráticos modernos deben y necesitan comunicarse con la población de manera veraz, rigurosa y eficiente; y deben garantizar la pluralidad de voces como parte fundante de la democracia.

Estas prácticas oscurantistas del oficialismo nos obligan a participar activamente en el fortalecimiento de las instituciones de la democracia con perspectiva de derechos humanos desde la comunicación.

Diputada nacional (UCR-Juntos por el Cambio), exdiputada provincial

Fuente: La Nacion.

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