El comisario general (R) José Luis Cortes –jefe de la Policía de Santa Cruz- fue procesado después de haber apelado el procesamiento de la Justicia Federal.

 Se lo imputó por ser considerado “prima facie” autor penalmente responsable del delito de incumplimiento a los deberes de funcionario público, art 249 CP.  La causa se inicio el 31 de marzo del año 2016.

Hoy, trascendió que la jueza Federal de Caleta Olivia Marta Yañez decretó el procesamiento del jefe de Policía de la provincia de Santa Cruz José Luis Cortes –Comisario General Retirado- por considerarlo “prima facie” autor penalmente responsable del delito de incumplimiento a los deberes de funcionario público, art 249 CP.

Pasa En Santa Cruz tuvo acceso al procesamiento, en el que se detalla que la causa se inicio el 31 de marzo del año 2016, a instancias de la Fiscalía Federal de Caleta Olivia, con la extracción de testimonios de la causa FCR  2352/2016 caratulada “NN s/ Entorpecimiento de servicios públicos (art. 194)” y con motivo de la falta de respuesta por parte del procesado a los oficios N° 266/16 ­fs. 17­; N° 278/16 ­fs.  29­ y N° 285/16 –liberados en el marco de la causa-.

En los autos caratulados FCR 2352/2016 se investigaba el corte de la Ruta Nacional Nº 3, acceso norte, acaecido entro los días 28 y 30 de marzo, ejercida por parte del juez interviniente la facultad conferida por el art.196 del CPPN, delegó la dirección de la instrucción al Ministerio Público Fiscal el que dispuso una serie de medidas entre ellas el requerimiento al procesado para que arbitrara las medida de disuasión o método alternativo de resolución de  conflictos dando intervención, a través de la Unidad Regional, a la Guardia de Infantería Zona Norte -Oficio 266/16 del 29/3- e informando por escrito y por quien correspondiera el resultado de las gestiones ordenadas.

En el expediente constan las constancias de recepción y diligenciamiento del oficio 266/2016 dirigido al Jefe de Policía, en el cual el Fiscal mediante nuevo instrumento (278/16) le requirió que en el plazo de dos horas informara lo actuado, intimación que frente al silencio del oficiado reiteró, ya bajo apercibimiento de ley (oficio 285/16).

Por otro lado, a fin de despejar confusiones que, por razones técnicas –falta de funcionamiento­ los oficios dirigidos a la Jefatura de Policía fueron remitidos al fax de la División Prevención y Lucha contra la Trata de Personas de Río Gallegos.

A fin de contar con un panorama completo de la situación, la Fiscalía, al tiempo de dar intervención al jefe de Policía, hizo lo propio con los jefes de Unidad a los que se dirigió directamente e informaron las negociaciones y actuaciones en forma telefónica y por notas.

Imputación

A José Luis Cortes se le imputa que, en su carácter de Jefe omitió y retardó en forma ilegal el cumplimiento de la manda ordenada por el Fiscal  Federal subrogante, Dr. Lucas Colla mediante los oficios 266/26 del 29/3 los que indicaban que los resultados de las gestiones debían informarse por quien corresponda y por escrito; 278/16  del 30/3 en el que se requería un informe en el plazo de dos horas de lo actuado a consecuencia del primero de las mandas y 285/16 del 30/3/que reiteraba los anteriores y la falta de acción.

Defensa

Este procesamiento fue apelado por el Dr. Daniel Ortiz, representante de Cortes quien sostuvo, que el inicio de las actuaciones se encuentran viciadas ya que el mismo fiscal que investigó el delito -del art. 194 del CP- es quien promovió la acción penal de oficio con la extracción de testimonios, quebrantando la garantía de imparcialidad y el debido proceso ya que la Fiscalía que se consideró damnificada, acusó e investigó, generándose una confusión de roles.

Pero los integrantes de la Cámara de Apelación no compartieron la crítica que formuló Ortiz,  no solo por cuanto el titular de la acción pública es el sujeto legalmente habilitado para impulsar la investigación sino por cuanto el marco de actuación del Fiscal en el caso de marras estuvo dado por el art. 196 -del CPPN- en cuanto prevé:  “En aquellos casos en los cuales la denuncia de la comisión  de un delito de acción pública sea receptada directamente por el agente fiscal, o promovida  por él, la acción penal de oficio, éste deberá poner inmediatamente en conocimiento de ella al juez de instrucción, practicará las medida de investigación ineludibles…luego de lo cual el juez de instrucción decidirá inmediatamente si toma a su cargo la investigación, o si  continuará en ella el agente fiscal…” En este caso el requerimiento de instrucción no fue necesario ya que el titular de la acción pública fue quien promovió y dirigió la investigación.

Por otro lado, entendieron que es un error de la defensa confundir imparcialidad con objetividad pues es este último atributo el requerido a los funcionarios del Ministerio Público Fiscal en el inciso d) del art. 9 de la Ley 27.148.  Finalmente señalaron que el imputado tuvo conocimiento del hecho enrostrado en forma oportuna, esto es al ser convocado a prestar declaración indagatoria.

Los magistrados también consideraron que se agravia la defensa de la valoración, en la resolución en crisis, de la nota 053/JP/16 emitida y rubricada por el imputado por cuanto considera que con ello se ha pretendido reemplazar los dichos del acusado en su declaración indagatoria, es por ello que los jueces no compartieron el planteo que se formuló por cuanto la referida nota fue librada por el imputado para ser agregada a la causa FCR 2856/2016/CA1  en respuesta a los requerimientos formales efectuados por el Ministerio Público Fiscal y cuyo retardo provocara la formación de la presente.

Pero además los integrantes de la Cámara de Apelaciones sostuvieron que no puede considerarse lesiva de la garantía contra la autoincriminación ya que, como se señala fue emitida a consecuencia de la obligación de informar que aún pesaba sobre el funcionario imputado.

En este marco agregaron: “Aún cuando compartiéramos la posición de la defensa  en cuanto a la vulneración de esta garantía, la valoración que de la misma se realiza en la resolución en crisis a fin de abonar el conocimiento que tenía el encausado de los  requerimientos resulta escueta y prescindible ya que la declaración resulta elocuente en cuanto a que los oficios los dejó en el despacho del jefe y que, además, le informó personalmente de la recepción del mismo cuando éste arribó a su oficina”, motivo por el cual: “descartaremos este planteo nulidicente”.

Materialidad del hecho

En cuanto a la materialidad del hecho, los Dres. Javier M. Leal de Ibarra y Aldo E. Suárez expusieron: “Que, el reproche que se formula se centra en el retardo por parte del Jefe de Policía, de informar la actividad realizada como consecuencia de la orden emitida mediante el oficio 266/16, luego reiterada en dos oportunidades y que recibiera respuesta en el mes de mayo de 2016, mediante nota 053­J.P­/16”.

Para resolver adecuadamente la imputación los jueces se posicionaron en las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que habrían tenido lugar la  conducta endilgada – el retardo en  informar­ dejando aclarado que el libramiento, recepción y contenido de los oficios librados al Jefe de Policía en el marco del relatado corte de la Ruta  Nacional n° 3 no se encuentra controvertido.

En este sentido los letrados tomaron en cuenta que el corte en la Ruta Nacional N° 3 se inició el 28/3/2016 por un grupo de personas (10 a 15 en un inicio) que pertenecerían a varias cooperativas y planes sociales del  Municipio de Caleta Olivia y que reclamaban el pago de haberes, las notas periodísticas –incluidas en el expediente- que resultaron ilustrativas y los informes que detallan la modalidad y forma en que se habría desarrollado la interrupción y/o entorpecimiento del tránsito vehicular.

En este marco y delegada la dirección de la investigación al Sr. Fiscal, éste dispuso la realización de distintas diligencias tendientes no solo a la investigación del hecho (identificación de los intervinientes, modalidad del corte, etc.) sino también a la resolución del conflicto que, en este caso como en su mayoría, involucra cuestiones ajenas a la competencia del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal. Además, solicitó informe al Intendente y al Ministerio de Gobierno acerca de las gestiones que se llevaban a cabo para cesar el conflicto. Pero, además, dio especial intervención al Jefe de Policía para que en el marco de la normativa que refiere a obligaciones de índole funcional, de su exclusiva competencia, como lo es la prevención del delito, el hacer cesar su accionar y que arbitrara las medidas de disuasión y/o resolución de conflictos que estimaba procedentes a trasvés de los oficios 266/16 el 29/3/2016 e informara al respecto.

Este requerimiento fue reiterado al día siguiente, en dos oportunidades. Paralelamente a ello, los hechos persistían. No obstante, la máxima autoridad de la fuerza de seguridad provincial mantuvo silencio.

Esta falta de comunicación oportuna de las actividades que, en todo caso se encontraba coordinando según se expusiera en la audiencia ante ese Tribunal con el fin de resolver el conflicto social sobre el que se asentaba el accionar antijurídico impidió conocer al Ministerio Público Fiscal –en este caso a cargo de la investigación­ el avance de las gestiones que refirió haber llevado adelante.

En el expediente además consta, que mediante órdenes independientes, el Ministerio Público Fiscal requirió la intervención del Jefe de Policía, de manera tal que la información que brindaron estos funcionarios, en el ámbito de su competencia, tuvo un canal autónomo a las órdenes que pudo (no se conocieron oportunamente) disponer su Jefe.

Los jueces además, entendieron que la situación que se genera en el marco de estos hechos de cortes de ruta, piquetes, que involucran cuestiones sociales de las más diversas índoles, requieren de una respuesta eficiente, rápida y coordinada de todos los poderes del Estado ya que la problemática en que se gesta muchas veces resulta el disparador de hechos no solo de mayor gravedad sino, fundamentalmente, prevenibles.

Respecto al aspecto subjetivo de la figura aplicada, señalaron que a merced a la trascendencia del cargo que posee el Comisario General José Luis Cortes no podía desconocer las consecuencias que podía acarrear la falta de información que en forma personal le era requerida por el Ministerio Público Fiscal.

Por su parte la Dra. Hebe L. Corchuelo de Huberman expuso que la causa se inicia en virtud de la falta de contestación en un plazo inmediato de los oficios 266/16, 278/16 y 285/16 remitidos por el Sr. Fiscal Federal Lucas Colla por la que disponía diversas medidas al Jefe de Policía con motivo de un corte en la Ruta Nacional N° 3 por  personas que formaban parte de cooperativas y planes sociales dependientes del Municipio. Conforme se desprende el mencionado corte de ruta finalizó el 30/3 a las 22 hs. aproximadamente y con motivo de las diligencias realizadas por el personal policial, como lo expone Cortes en el mencionado informe y en su declaración testimonial. Agregando que el Fiscal distinguió varios supuestos de incumplimiento en consonancia, con los requerimientos formulados por los oficios ya mencionados: 1. que se  actúe y se informe; 2. que no se actúe y no se informe; 3. Que se actúe y no se informe y 4.  Que no se actúe y se informe.

La letrada además hizo hincapié que el imputado es un comisario general retirado que fue específicamente convocado para desempeñar el cargo de Jefe de Policía por lo que resulta lógico considerar que ello fue así dada su trayectoria; también evaluó lo alegado en la  audiencia ante ese Tribunal en cuanto a que para la época en que se desarrollaron los hechos, marzo de 2016, hacía poco tiempo que había asumido y luego de cuatro años de inactividad. En este sentido “no puedo obviar lo expresado por la defensa en esta audiencia en cuanto a que la demora en contestar ­ además de que se trataba de una formalidad­ se debía a la recarga de las tareas que lógicamente ocupan a quienes desarrollan funciones como las del imputado.

Concluyó, expresando que, en todo caso, el retardo en el cumplimiento de una mera formalidad no ha sido consecuencia más que del cúmulo de las circunstancias antedichas pues la fiscalía no ha acompañado elemento probatorio alguno que acredite un accionar deliberado por parte del Jefe de Policía en retardar el cumplimiento de una manda.  Por todo lo expuesto voto por revocar la resolución recurrida, sobreseyendo a José Luis Cortes, en orden a lo dispuesto por el art. 336 inc. 3° del CPPN por resultar atípica su conducta, dejando constancia que la formación de la presente no afecta el buen  nombre y honor del que hubiere gozado el nombrado.
Pasa en Santa Cruz.

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