La normativa aprobada en junio pasado por la Cámara de Diputados de la provincia tenía vigencia hasta el 21 de diciembre de 2017.

Tras los despidos en YPF, ayer intendentes de ciudades petroleras, autoridades provinciales y gremialistas solicitaron, a través de un acta acuerdo, que se extienda por el término de 90 días esa emergencia. Los puntos principales de la Ley de Emergencia Hidrocarburífera.
En junio de 2017, los diputados santacruceños sancionaron, por unanimidad, la Ley N° 3.535, por la que se declaró la Emergencia Hidrocarburífera en toda la provincia. 

El punto estratégico de la normativa era el que promovía “acuerdos con las empresas concesionarias que determinen la absoluta prohibición de realizar despidos sin expresión de justa causa hasta tanto dure la emergencia declarada”.

Caducada la vigencia de la emergencia, que regía hasta el 31 de diciembre del año pasado, la petrolera nacionalizada comenzó el año enviando más de 200 telegramas de despidos en el marco de un proceso recesivo que viene mostrando desde hace varios meses. 

La situación impulsó una reunión -entre otras- en la Casa de Santa Cruz, donde autoridades de la provincia, intendentes de las ciudades petroleras y dirigentes gremialistas acordaron “solicitar al Poder Legislativo se arbitren los medios para la urgente prórroga de la Ley 3.535 de Emergencia Hidrocarburífera, promulgada por Decreto 531/2017”. 

“Se pedirán 90 días más para que siga en vigencia la ley a fin de que no se puedan producir despidos en la industria petrolera”, detalló el diputado del Frente para la Victoria Carlos Santi, quien adjudicó “esta situación crítica a las políticas del Gobierno Nacional”. 



Puntos claves 

En su primer artículo, la norma establece “la revisión y control de los compromisos de inversión a los que están obligados las empresas permisionarias de exploración y concesionarias de explotación de hidrocarburos existentes en la provincia de Santa Cruz”.

También exige “a las empresas permisionarias y concesionarias la reactivación de los programas de exploración y explotación, recuperando los niveles de actividad que permitan sostener el empleo”.

Y, como eje principal, promueve “acuerdos con las empresas concesionarias que determinen la absoluta prohibición de realizar despidos sin expresión de justa causa hasta tanto dure la emergencia declarada”. Algo que parcharía por un tiempo el drenaje de cesantías abierto recientemente por YPF.

En el mismo sentido, la normativa faculta al Ejecutivo “a convocar a las empresas concesionarias de áreas de explotación hidrocarburífera de nuestra provincia con el fin de celebrar un acuerdo en el que se contemple, por un plazo de 180 días, suspender los despidos sin justa causa de trabajadores que se encuentren en relación de dependencia directas con ellas y los de sus contratistas, con la intervención de los Sindicatos representativos de los trabajadores de la actividad, en la que se comprometan a su vez estos últimos a sostener la paz social en la actividad”.



Para no buscar sólo beneficio económico

En sus fundamentos, la ley plantea que “el petróleo y el gas tienen que ser vistos como bienes estratégicos de una Nación que impulsen el desarrollo y den trabajo en las regiones en donde se extraen, para así dejar de lado la idea de bienes económicos de mercado”. 

“No tenemos que dejar librado nuestro futuro a la ruleta del mercado que sólo se mueve por intereses que no son los nuestros, los de los ciudadanos”, señala el texto y advierte que “el interés de YPF tiene que ser extraer la mayor cantidad de petróleo y gas para los argentinos, y no sólo buscar obtener el mayor beneficio económico reduciendo la producción, dejando de esta manera a todas las comunidades de la región librados a su propia suerte”.

Asimismo, refiere a las cesantías al recordar que “la declaración de emergencia implica determinar, por medio de un acuerdo, la ‘prohibición absoluta’ de producir despidos y suspensiones de la actividad laboral mientras dure y la creación de un marco de discusión de políticas hidrocarburíferas en la que intervengan todos los actores gubernamentales, sindicales, académicos, profesionales y sociales que de alguna manera estén relacionados con la actividad, con el objetivo principal de crear programas de largo plazo que contengan medidas predictivas y preventivas que permitan afrontar situaciones como las actuales sin que se generen efectos negativos para la actividad, los ingresos provinciales, las pequeñas empresas que intervienen, el conjunto de sus trabajadores y la comunidad en general”.

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