Omar Fernández, intendente de Pico Truncado, fue uno de los funcionarios que estuvo en el encuentro de ayer en Casa de Santa Cruz (ciudad de Buenos Aires)

Al que asistieron jefes comunales de localidades petroleras, el presidente del Instituto de Energía de Santa Cruz (IESC), dirigentes del gremio petrolero, entre ellos el secretario general Claudio Vidal. 

En declaraciones a La Opinión Austral señaló que previo a la reunión con los intendentes mantuvieron un encuentro con YPF para conocer “de primera mano qué planes tiene YPF para Santa Cruz” y recibieron algunos detalles del plan de inversiones que la operadora tiene previsto realizar en el “segundo semestre”, anunciando que trabajará en la exploración no convencional con el objetivo de incrementar la producción.

Pero la urgencia en esta primera semana de enero que tienen los despedidos, el Gobierno Provincial y los Municipios santacruceños no puede esperar hasta el segundo semestre, por lo que el pedido conjunto surgido del encuentro de ayer fue que se garantice la estabilidad laboral. 



Pasivos 

En cuanto al encuentro realizado en Casa de Santa Cruz, se firmó un acta entre los presentes para convocar a una reunión del Consejo Provincial Hidrocarburífero para tratar la problemática del sector, prorrogar la Ley Provincial 3.535 de “Emergencia Hidrocarburífera” y demandar un encuentro con la operadora YPF. 

“La operadora sostiene que va a invertir, pero uno de los puntos tratados tiene que ver con la remediación de los pasivos ambientales”, alertó Fernández en diálogo con La Opinión Austral. 

El intendente de Pico Truncado precisó que la Ley Nº 3.117 “Marco Regulatorio para la Prórroga de Concesiones Hidrocarburíferas” establece todo lo relacionado a la remediación ambiental. 

Así, recordó que de acuerdo a un estudio realizado por la provincia de Santa Cruz años atrás “se pudo determinar que el pasivo ambiental de YPF supera los 3.500 millones de dólares en Santa Cruz”, y remarcó que la “provincia le dio la facilidad a la empresa para que anualmente invierta solamente 20 millones de dólares para la remediación”, señalando que ello se encuentra por fuera de la normativa vigente. 

Así, de acuerdo a lo explicado por Fernández, se solicitará a la operadora nacionalizada que no solamente frene los despidos y que retome el camino de inversión, sino que también demandarán una solución respecto a los pasivos ambientales, y precisó que cuando se habla de los pasivos ambientales, además de hacer mención al suelo “se habla de términos precisos: tanques de almacenamiento, cierre de pozos y ductos”. 

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