OTRO AMIGO EN LA JUSTICIA: Un exabogado de Cristina Kirchner quedó muy cerca de asumir en la polémica Cámara de Apelaciones de Piedra Buena

LA NACIÓN/Mariela Arias.- EL CALAFATE.- “¿Qué hora es Marcelo?”, pregunta Cristina Kirchner. “Son las once menos diez”, responde Marcelo Bersanelli. Es la mañana del 25 de noviembre de 2016 y la entonces expresidenta va camino al Juzgado Federal de Río Gallegos junto a su abogado para cumplir con un oficio del juez federal Claudio Bonadio, quien le pedía que deje sus huellas digitales en el marco de la causa dólar futuro. Hoy Bersanelli se encuentra a un paso de convertirse en camarista, en la estratégica Cámara Federal de Apelaciones de Comandante Luis Piedra Buena, aquí en Santa Cruz. Esa mañana en que Bersanelli acompañó a Cristina Kirchner cada secuencia quedó registrada en un video que filmó la actual vicepresidente, en una suerte de reality de su paso por los tribunales santacruceños. Actual juez de primera instancia, su nombre es uno de los tres elegidos por el presidente Alberto Fernández y que ahora solo necesita el acuerdo del Senado. Es decir que Cristina Kirchner, podría presidir la sesión en la que su exabogado, -hoy juez de primera instancia- se convierta en camarista federal. La Cámara Federal de Apelaciones de Comandante Luis Piedra Buena es un estratégico tribunal para el kirchnerismo, que tendrá competencia sobre Santa Cruz y Tierra del Fuego, pero al que aún no se nombraron jueces, ni entró en funcionamiento. A esta Cámara deberían recaer todas las causas federales en las que estén o puedan estar involucrados funcionarios del gobierno nacional que tienen sus domicilios en Santa Cruz, o bien aquellos que ejerzan sus cargos en la provincia, dependiente del Gobierno nacional. Si bien fue creado en el 2015, recién en 2019 el Consejo de la Magistratura cedió en avanzar con los nombramientos, -luego que consejeros opositores apoyaran una iniciativa del oficialismo- y aprobaron tres ternas para nombrar los jueces destinados a esa Cámara. En diciembre, el presidente Alberto Fernández, eligió de las ternas a Bersanelli, Carlos Borges y Nelson Sánchez, -los tres jueces de primera instancia en Santa Cruz- y ahora el Senado deberá prestar acuerdo de los pliegos en la audiencia pública fijada para el 5 de julio ante la Comisión de Acuerdos de la Cámara Alta. Los tres candidatos son jueces de Santa Cruz y en la terna elegida por el Presidente no se contempló ninguna camarista mujer. El día que Marcelo Bersanelli acompañó a Cristina Kirchner al juzgado Federal de Río Gallegos.


Causa en la justicia y trabajo con Manzanares Bersanelli está al frente del Juzgado de Primera Instancia N°1 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Río Gallegos, desde el 2017, y su asunción fue recibida con una protesta del gremio judicial, en ese momento cuestionaban su idoneidad para el cargo. Para esa fecha ya estaba abierta una causa penal en el Juzgado de Instrucción N°3 de Río Gallegos en la que se investigan contratos por $40 millones en el Ministerio de Salud de la provincia cuando Bersanelli se desempeñaba como Subsecretario de Gestión Institucional y Administrativa y era mano derecha de la titular de la cartera, Rocío García, -expareja de Máximo Kirchner- quien entonces era su cuñada. Bersanelli firmó el contrato que aún está siendo investigado. Según pudo confirmar LA NACION, cinco años después de la denuncia, la causa está activa, sin indagatorias, ni imputados, pero registra algunos movimientos. A poco de asumir como juez, el abogado de Cristina en algunos trámites locales, ordenó colgar en el ingreso a varios edificios públicos, una lista con nombre, apellido y DNI de diez jubilados que habían protagonizado protestas en reclamo de sus haberes. Les impedían acercarse al edificio. Los jubilados luego serían demandados y multados por la gobernadora Alicia Kirchner por daños a edificios públicos. La causa penal fue declarada inconsistente en dos instancias judiciales. Oriundo de Santa Cruz, Bersanelli, desde que se recibió en 1996, hizo carrera en el Estado: pasó diferentes asesorías letradas de los municipios de Río Turbio y de Río Gallegos, el Concejo Deliberante, la empresa Servicios Públicos, Vialidad Provincial, -donde fue abogado entre 2006 y 2007-, también fue funcionario de la ANSES Regional Santa Cruz. En la actividad privada se desempeñó en fundaciones y ONGs y se destacó su paso por el estudio contable “Pombo, Manzanares, Montané SH”, que asesoró a partir del año 2002, según el CV presentado ante el Consejo de la Magistratura. Se trata del estudio contable que durante muchos años llevó las cuentas de las familia Kirchner en Santa Cruz, terminó detenido y se convirtió en arrepentido. El poder, en los pueblos chicos, es endogámico. La cámara cuestionada La Cámara de Piedra Buena se creó pese a los fuertes cuestionamientos de abogados locales, y de la oposición política que cuestionaron su instalación como un gesto de oportunismo político, y aseguraron que no representa un mecanismo acertado para garantizar la accesibilidad a los servicios de justicia. Desde Cambiemos Santa Cruz remarcaron que el Kirchnerismo avanza con la reforma judicial que busca garantizar la impunidad para todos los delitos de corrupción. “La creación de esta Cámara de Apelaciones no persigue intereses jurídicos ni busca mejorar el servicio de justicia para los vecinos, sino que responde a intereses sectoriales de los que buscan garantizarse la impunidad para “los amigos del poder”, aseguró el senador santacruceño, Eduardo Costa (UCR). Si bien en los fundamentos del proyecto que impulsaron esta Cámara consideraron las grandes distancias que deben recorrer los expedientes y causas y se mencionaba que estaba en una ubicación conveniente para los juzgados de Caleta Olivia, Río Gallegos, Rio Grande y Ushuaia, no se tuvo en cuenta la falta de conexión aérea y la demora de la comunicación terrestres en la Patagonia. Cuando se aprueben los pliegos, y se designen los nuevos camaristas, la Corte Suprema deberá autorizar el presupuesto para el edificio que se deberá construir y la designación de por lo menos las 44 personas para que funcione la nueva estructura: tres jueces de cámara, un fiscal de cámara y un defensor público, todos con sus respectivos equipos de trabajo conformados por secretarios, prosecretarios, oficiales, personal auxiliar y maestranza.