A través de los decretos municipales se conocen el alcance de las decisiones administrativas tomadas por una intendencia. La concejal Daniela D’Amico solicitó en marzo pasados los decretos firmados por el intendente Pablo Grasso desde que asumió en diciembre de 2019, pero nunca fueron enviados al Concejo Deliberante. Vencidos los plazos que impone la ley de Acceso a la Información presentó un recurso de amparo.
“El Intendente Grasso no cumple con su obligación de informar a la ciudadanía los actos de gobierno. Los decretos no son publicados en ningún portal ni medio impreso. Esta práctica viola los principios Republicano básicos” afirmó la concejal que preside el interbloque Unidos.
El recurso de amparo que presenta D’Amico está patrocinado por Javier Stoessel, uno de los abogados del fuero local que mas ha trabajado los temas vinculados a la transparencia administrativa y a la aplicación de la ley de Acceso a la Información ¨Pública desde que entró en vigencia en el año 2017 en nuestra provincia.
El amparo, presentado ante el juzgado de instrucción N°2 de Río Gallegos, es la instancia judicial que establece la Ley de Acceso a la Información Pública, cuando un organismo del estado se niega a dar respuesta. En este caso se pide que al término de 48 horas se informe sobre los puntos que fueran requeridos mediante nota ante el municipio y se refieren a los decretos firmados por Grasso desde diciembre de 2019.
Fundamentos
En el amparo, la concejal fundamenta que el Poder Ejecutivo Municipal omite el cumplimiento de su obligación de transparencia activa, y no se publican en ningún portal, físico ni virtual los Decretos que emite el Poder Ejecutivo Municipal. «Esta omisión es violatoria del más básico principio republicano de gobierno, pues violenta de plano no solo el principio de publicidad de los actos de gobierno sino el de publicidad de las leyes y normativas inferiores», sostiene la edil.
La concejal, sostiene que además al no poder acceder a los decretos que deberían ser públicos para todos los ciudadanos, le impide tomar conocimiento de los actos del Ejecutivo Municipal y ejercer de modo eficiente sus derechos como ciudadana y como concejal municipal. Y agrega en el amparo «no se pide aquí el cumplimiento del mandato de dar publicidad a las leyes, cuestión que ha de correr por otro carril, sino en particular, la falta de respuesta a un simple pedido: conocer los Decretos emitidos por el Ejecutivo Municipal -la totalidad de ellos- desde el día 10 de diciembre de 2019 a la fecha de contestación, es decir, hasta el presente».
Para la concejal la falta de respuesta desde el municipio «responde a una clara política de secretismo sobre el manejo de los asuntos públicos que impera en Santa Cruz y que se exacerba a extremos insólitos en el municipio local».
En el amparo se afirma que el derecho de acceso a la Información Pública, es sistemáticamente desconocido en la provincia de Santa Cruz por los funcionarios de todos los órdenes y niveles, siendo el poder judicial el último garante de los derechos y en tal sentido de la democracia.
«Si se abandona tal función, se terminará decretando la inexistencia del derecho a la información en la Provincia, declamada por tratados internacionales, protegida por la Constitución Nacional y leyes provinciales, pero negada por los funcionarios públicos lo que no debe convalidar el
Poder Judicial; pues, si ya ni siquiera podemos conocer los elementos que hacen al manejo de la cosa pública, poco podremos opinar y actuar como ciudadanos, convirtiéndonos en el
modelo de votante no-ciudadano».
Fuente: Winfo.