No existe ninguna proscripción sobre la vicecondenada Cristina Fernández. Ojalá hubiera proscripción para ella y la figura cabría perfectamente en este caso, pues la primera definición de “Proscripción” señala “… es una identificación pública y oficial de personas u organizaciones catalogadas como enemigo público, enemigo del pueblo o enemigo del Estado” y vaya si no le cabe esta calificación a quien cuando fue la máxima autoridad del Estado, lideró una organización destinada a robar los dineros públicos, razón por lo cual la justicia la condenó a escasos 6 años de prisión, una bicoca si pensamos que en Argentina los autores de delitos, que mantienen el poder, tienen absoluta cobertura judicial y política, lo cual se traduce en: impunidad, el caso más claro fue Carlos Menem.
Cristina Fernández no está proscripta, por razones eminentemente técnicas/políticas y debiera estarlo, por cuanto ningún ciudadano argentino debería tener antecedentes de corrupción y menos aún en tal alto cargo como el que desempeñó esta mujer, ser condenado por robarle al Estado y seguir autorizada a presentarse nuevamente a una candidatura. Una vergüenza, un dislate, un despropósito que favorece la misma clase política cuando en el Congreso votan leyes en defensa propia, como la necesidad de “la condena firme”, para ser proscripto, algo absolutamente irreconciliable con el sentido común.
Si nos atenemos a la primera definición de “proscripción”, la vicecondenada debería estar legalmente proscripta porque con su accionar delictivo se robó un PBI, liderando desde la presidencia una asociación ilícita con funcionarios y empresarios cómplices, lo cual está largamente probado y no castigado debidamente.
Esta mujer cae perfectamente en la figura de enemigo público, enemigo del pueblo o enemigo del Estado, por haber accionado de manera directa en contra de los intereses de toda la sociedad argentina y en perjuicio del erario público, además de acciones pro terrorista, apañando a un país como Iran, tratando de encubrir crímenes de lesa humanidad, firmando un memorándum atroz, solo para defender al terrorismo internacional que cometió los peores crímenes en la Argentina; a todo lo que define la palabra “Proscripción” debería agregarse el delito de “Traición a la Patria”.
Si todo esto no es suficiente para proscribirla e impedirle ser candidata a cualquier cargo público, no solo a la presidencia, ¿Qué deberá pasar para que en la Argentina se impida a los delincuentes condenados a competir en elecciones libres? ¿Cómo puede salir adelante un país donde la misma gente que lo robó, lo fundió y lo puso de rodillas, se reinvente y trate de convencer a un electorado, al que le han suprimido el sentido de la supervivencia, de que los vuelvan a elegir para seguir gobernando?.
Cristina Fernández no está proscripta, se hace la víctima para montar el acting del “operativo clamor”, en el cual están montado gobernadores, legisladores del Frente de Todos, funcionarios de gobierno, la militancia rentada y los medios de comunicación pagos, transfiriendo el término a la vieja concepción de que el “proscrito” es un “perseguido”- Acá el proscrito, es un chorro.
Ojalá estuviera proscripta; razones no faltan para impedirle legalmente a una condenada por corrupción, actuar en política mezclada con gente honesta, en la mayoría de los casos sin causas abiertas ni graves condenas por haberle robado al Estado, el mismo que en cada asunción que hizo la vicecondenada, juró defender por Dios y pidió que de no ser así, la Patria se lo demandara.
Hoy la Patria se lo demanda, pero como la mentira, la hipocresía y la impunidad imperan por sobre la justicia y el sentido común, Cristina Fernández (y a pesar de todo) va a volver a candidatearse por el mismo cargo que desempeñó durante ocho años y jamás honró. (Agencia OPI Santa Cruz)