El incumplimiento de las autoridades municipales constituye retención indebida de aportes ya que se queda con fondos que son de los empleados. Solo durante los últimos dos años de la gestión de Pablo Grasso, el municipio acumuló una deuda de más de $19.600 millones. Este esquema de endeudamiento que en menor volumen se repite en la mayoría de los municipios, es la causa principal del déficit de la obra social de los estatales provinciales.
La Caja de Servicios Sociales intimó formalmente al Municipalidad de Río Gallegos a regularizar una deuda que supera los 35 mil millones de pesos, correspondiente a aportes retenidos a los trabajadores municipales y no transferidos al sistema solidario de salud.
En un comunicado difundido hoy, la obra social de los empleados públicos provinciales informó que el Municipio mantiene una deuda total de $35.440.941.220 en concepto de aportes retenidos indebidamente. “Se trata de recursos que pertenecen al sistema solidario de salud: plata del afiliado”, remarcaron desde el organismo.
Carta Documento e intimación formal
En el marco de las acciones institucionales para recuperar los fondos, la CSS remitió una Carta Documento al Municipio capitalino exigiendo la regularización inmediata de la deuda.
En la intimación, se exige que en un plazo perentorio y fatal de 10 días se regularice una deuda que asciende a $32.440.268.070,90 en concepto de capital e intereses calculados hasta octubre de 2025, suma que debe ser depositada en la cuenta oficial de la obra social en el Banco Santa Cruz.
Asimismo, se intima a que se depositen de manera inmediata las sumas retenidas de los haberes de los agentes municipales correspondientes al mes en curso, que forman parte integrante de la deuda reclamada.
La Carta Documento advierte además sobre el incumplimiento del Decreto Provincial 252/20, reglamentario de la Ley 3677, y recuerda que los funcionarios que omitieren el cumplimiento de las obligaciones legales pueden ser pasibles de sanciones administrativas, civiles y penales, citando expresamente el artículo 173 inciso 3 del Código Penal Argentino y el artículo 9 del Régimen Penal Tributario. Bajo apercibimiento, se anticipa el inicio de acciones legales.
Fondos retenidos a los trabajadores
Desde la obra social sostienen una postura tajante: “La salud no se financia con deuda. Cada peso que integra la obra social es patrimonio colectivo y debe estar disponible para garantizar prestaciones, medicamentos y atención en tiempo y forma”.
El punto central del conflicto es que no se trata de una deuda comercial ni de un diferendo entre administraciones por servicios públicos, sino de la retención indebida de aportes descontados a los empleados municipales. Es decir, dinero que pertenece a los trabajadores y que debe ser transferido obligatoriamente a la obra social.
En ese marco, desde el Municipio se ha reconocido públicamente que la falta de pago responde a que la Provincia mantiene deudas con la comuna por distintos conceptos, entre ellos servicios públicos. Sin embargo, esa explicación resulta de imposible aplicación jurídica, ya que se trata de obligaciones de origen disímil y, sobre todo, porque los aportes retenidos no constituyen recursos propios del Municipio sino fondos de terceros.
Mayor deudor provincial
El Municipio de Río Gallegos es el que acumula la mayor deuda con la Caja de Servicios Sociales entre todas las comunas de Santa Cruz. Durante el período, diciembre 2023 a diciembre 2025, el municipio acumuló una deuda por aportes a la CSS de $19.616 mil millones.
La situación no es nueva y se arrastra desde hace décadas.
Gran parte de esta práctica se remonta a la década de 1990, cuando durante la gobernación de Néstor Kirchner se implementó un esquema por el cual la Provincia giraba fondos a los municipios para el pago de salarios, pero no transfería las remesas correspondientes a aportes y contribuciones. Ese mecanismo derivó en un endeudamiento estructural que fue creciendo con el paso de los años y que hoy impacta de manera directa en el financiamiento del sistema de salud provincial.
Desde la CSS advierten que la acumulación de deudas municipales compromete la sustentabilidad del sistema solidario, afectando la capacidad de garantizar prestaciones médicas, provisión de medicamentos y cobertura en tiempo y forma para miles de afiliados en toda la provincia.