De empleado bancario a multimillonario. De una vivienda construida por el Estado a una amplia lista de inmuebles de lujo en distintos lugares del país. Sergio Urribarri sería un ejemplo exitoso de movilidad social si la Justicia no hubiese sentenciado que edificó su fortuna en base a la corrupción.
Después del apogeo que lo llevó hasta la gobernación de Entre Ríos, y que lo hizo soñar con ser candidato a presidente, Urribarri pasa sus peores días: fue condenado a ocho años de prisión por una megacausa de corrupción e inhabilitado de forma perpetua para ejercer cargos públicos.
El patrimonio del ex gobernador creció de forma exponencial al calor del poder. Así se hizo de una inmensa cantidad de inmuebles que todavía conserva. Pero su desgracia podría ser mayor: es que quedan expedientes abiertos que acumularían años de sentencia y que, tras su renuncia como embajador, deberá afrontar desde el llano. El entrerriano está en el ojo de la tormenta.
La caída. Urribarri nunca se imaginó condenado. Solía declarar que estaba “ansioso” por defenderse y que eran “ataques que quedarán demostrados a lo largo del proceso”. No sucedió. La catarata de pruebas que los fiscales recogieron lo llevaron a una condena histórica: el jueves 7, el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná leyó los fundamentos de la sentencia que el embajador de Israel siguió de forma virtual.
“El fallo de primera instancia de hoy es una clara muestra de arbitrariedad, injusticia y atropello al Estado de Derecho. Voy a apelar con la convicción de que me asiste la razón”, escribió momentos después en su cuenta de Twitter. Y completó: “No obstante, he puesto a disposición del presidente mi renuncia como embajador”. Alberto Fernández no tardó en aceptarla.