El Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz le propinó un golpe institucional directo al gobernador Claudio Vidal, al declarar inconstitucional la Ley N° 3949, mediante la cual el oficialismo había ampliado de cinco a nueve la cantidad de vocales del máximo tribunal provincial. La maniobra política, que desde su origen fue denunciada como un intento de colonizar la Justicia y garantizar impunidad, quedó ahora totalmente anulada por el propio Poder Judicial.
El fallo del TSJ fue categórico: el mecanismo utilizado para la entrada en vigencia de la ley fue inválido, lo que provocó la nulidad absoluta de todos los actos derivados. Esto incluye la designación y asunción de los cuatro nuevos vocales que habían sido incorporados tras la aprobación exprés de la norma en la Legislatura el pasado 28 de agosto. Con esta decisión, el Tribunal vuelve a su integración original de cinco miembros.
La resolución deja al descubierto una estrategia política peligrosa: Vidal intentó modificar las reglas del sistema judicial para su conveniencia, avanzando sobre la independencia de poderes en una provincia ya golpeada por la desconfianza institucional, la crisis económica y los conflictos sociales. Lejos de fortalecer la Justicia, la maniobra buscaba condicionar fallos futuros y blindar decisiones de gobierno cada vez más cuestionadas.
El intento de ampliar el TSJ generó un rechazo generalizado en amplios sectores de la sociedad, del ámbito jurídico y de la oposición política, que advirtieron desde el primer día que se trataba de una avanzada institucional sin precedentes, incompatible con los principios republicanos y democráticos.
Hoy, la Justicia puso un freno.
Y el mensaje es claro: ni la Legislatura sometida al poder político ni las maniobras de urgencia pueden pasar por encima de la Constitución.
Este revés judicial profundiza la crisis política del gobierno de Claudio Vidal, que acumula conflictos con trabajadores, denuncias por abusos de poder y ahora un fallo histórico que expone su intento de controlar el máximo órgano judicial de Santa Cruz.
En un contexto donde la provincia exige respuestas reales —salarios dignos, trabajo, seguridad y respeto institucional— el gobernador suma otro fracaso político que quedará marcado como uno de los episodios más graves de su gestión.
Fuente: Pasa en Calafate.