El viernes 29 de noviembre de 2024, el titular del IDUV (Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda) Cristian Mansilla procedió a radicar una denuncia ante el Juzgado de Instrucción N° 2 de Río Gallegos, contra Pablo Grasso, en su paso por la presidencia del Instituto, entre los años 2015/2019 para que sea investigado por sus acciones y omisiones configuradas en las tipificaciones sancionables de los artículos 248 -última parte- y 174, inc. 5, del Código Penal, por sus procederes y hechos, en ocasión de ejercer el cargo de Presidente del IDUV, expresa el núcleo de la presentación escrita a la que tuvimos acceso que hace extensivo el mismo pedido hacia toda persona que haya obrado en complicidad con el denunciado, para lograr los objetivos ilegales propuestos durante su administración.
El denunciante lo hizo en su doble carácter de funcionario y ciudadano, solicitando constituirse en querellante, para lo cual aporta los datos requeridos y expresa que la denuncia está vinculada con la ejecución de administración fraudulenta de bienes del Estado Provincial en ocasión de otorgar de forma irregular y sin cumplir la normativa administrativa vigente lotes en zona urbana privilegiada de Río Gallegos (zona de la Ría) a personas que no han cumplido con los requisitos para tener tal beneficio, ni cumplido la ley de procedimientos administrativos.
Inmediatamente, la denuncia enumera los bienes ubicados en el Barrio “El Faro y/o Saborido”, que según detalles se expresan en el siguiente cuadro:
Expresa el escrito que al momento de tomar estas decisiones, Pablo Grasso carecía de las atribuciones necesarias para actuar arbitrariamente en estas asignaciones de tierras, lo que estaba reducido a las facultades que son exclusivas del Directorio del IDUV.
Remarca el denunciante que estos bienes enajenados ilegalmente por Grasso, poseen un alto valor inmobiliario, con edificaciones importantes en zona de la ría, que muestra un poder adquisitivo por encima de la media y que ninguno de los adjudicatarios, cumplió con los procedimientos básicos para acceder a esos bienes. Remarca la denuncia que estos lotes fueron entregados por Grasso inmediatamente de concluir la campaña política, cuando fue elegido como Intendente durante su primer mandato.
El señor Mansilla, indica expresamente que pone a disposición de la justicia, toda la documentación original obrante en el Instituto y donde constan la trazabilidad de cada gestión que en ese acto denuncia el actual presidente del Instituto de la Vivienda provincial.
La exposición luego discurre en una profusa enumeración de artículos de leyes que como funcionario público Pablo Grasso habría vulnerado y los agravantes que pesan sobre quien desde la función de poder cometiera o facilitara la comisión de delitos en perjuicio del Estado y también de aquellos “privados que eluden aplicar las leyes” o generan actos contrarios a su espíritu, en total conocimiento de lo que están llevando a cabo es ilegal.
Los antecedentes sobre denuncias contra Pablo Grasso en su paso por el IDUV no han tenido buena suerte. En el año 2022 le solicitó documentación al Tribunal de Cuentas, en el marco de otra denuncia contra quien hoy es intendente de Río Gallegos y nunca hubo respuesta del organismo auditor. (Agencia OPI Santa Cruz)