El comisario Quipildor presentó una denuncia ante la Fiscalía por presunto cobro indebido de sueldos como docentes, sin cumplir funciones en la Escuela de Policía. Además los acusó por presunta persecución, abuso de autoridad y amenazas. Fue cesanteado, y ayer interpuso un recurso administrativo en el Gobierno
El comisario Quipildor presentó una denuncia ante la Fiscalía por presunto cobro indebido de sueldos como docentes, sin cumplir funciones en la Escuela de Policía.
El comisario Ramón Quipildor presentó una denuncia penal contra el jefe de Policía, Diego Agüero y contra el Comisario General Daniel Carrillo, ambos en funciones dentro de la Policía de la Provincia de Santa Cruz, por supuestamente percibir sueldos como docentes sin cumplir con las tareas académicas correspondientes. Según la denuncia, presentada ante la Fiscalía el 7 de de julio, esta situación representa una posible incompatibilidad de cargos y, además, una falta de contraprestación laboral.
Quipildor fue conocido en 2023, luego de haber mantenido un encontronazo en la Comisaria Tercera de Río Gallegos, con el juez Federal Claudio Vázquez. Por este caso, en el que hubo videos retratando parte de lo sucedido, fue suspendido junto a otros siete policías.
Quipildor sostiene que Agüero y Carrillo, además de ocupar cargos jerárquicos dentro de la fuerza policial, figuran como docentes activos en la Escuela de Policía, que depende del Ministerio de Seguridad. Sin embargo, fuentes internas y medios locales aseguran que no se presentan regularmente a clases ni participan de actividades académicas.
Solicitan investigar a otros funcionarios del Estado por posible encubrimiento
La denuncia también alcanza a otros responsables dentro de la estructura estatal. Se solicita a la Fiscalía que se investigue la posible responsabilidad penal del Subjefe de Policía, comisario general Luis Bordón; de los superintendentes de Seguridad, Personal y Logística; y de la directora de la Escuela de Policía. Todos ellos podrían haber omitido sus deberes de control o incluso haber validado administrativamente esta situación irregular.
“Debe determinarse si hubo encubrimiento o complicidad por parte de superiores jerárquicos”, detalla la presentación realizada por Quipildor.
Delitos imputables y medidas solicitadas por la parte denunciante
En cuanto a la calificación legal provisoria, se plantea que los hechos podrían encuadrarse en delitos como fraude en perjuicio de la administración pública (artículo 174, inciso 5°), incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.
Entre las pruebas y medidas sugeridas, se solicita:
Informes a la Jefatura de Policía, Ministerio de Seguridad y Ministerio de Economía sobre pagos realizados desde diciembre de 2023.
Auditorías de asistencia en la Escuela de Policía mediante registros biométricos y cámaras de seguridad.
Declaraciones testimoniales de docentes, administrativos y alumnos.
Remisión de antecedentes al Tribunal de Cuentas de la provincia.
Evaluación de medidas cautelares, como la suspensión preventiva de los funcionarios implicados.
Denuncia por amenazas, calumnia y manipulación de ascensos
Además, el comisario Quipildor denunció penalmente a la cúpula de la Policía de la Provincia de Santa Cruz por una serie de hechos que describen una presunta persecución sistemática en su contra, iniciada tras su participación en medidas gremiales y su resistencia a denuncias falsas promovidas por sus superiores.
La presentación fue realizada ante el Ministerio Público Fiscal y menciona específicamente a los comisarios generales Diego Agüero (jefe de Policía), Luis Bordón (subjefe), y Sergio Rego, entre otros.
Acusaciones de amenazas, calumnias y manipulación de ascensos
Según el texto de la denuncia, Quipildor fue designado formalmente como jefe de la Unidad de Prevención de Policía Local (UPPL) en marzo de 2024, pero al regresar de una licencia autorizada, se le impidió asumir el cargo sin resolución administrativa alguna. El comisario asegura que el jefe policial Diego Agüero lo acusó falsamente de haber organizado un acuartelamiento junto al civil Monsalvo, originado por el asesor Barrientos, del Ministerio de Seguridad.
Quipildor denuncia que fue desplazado sin explicaciones del tercer puesto al vigésimo octavo en el orden de mérito para ascensos, y que sus reclamos administrativos no recibieron respuestas.