A seis días de las PASO, arranca el tercer juicio contra Lázaro Báez por la compra de dos terrenos en Uruguay.

El empresario pidió seguir la primera audiencia desde su casa, donde cumple una prisión domiciliaria. El debate jurídico que se viene y los hechos que se juzgarán.

Este lunes a las 10 de la mañana, Lázaro Báez afrontará su tercer juicio oral en menos de cinco años. Ya fue condenado a 12 años de prisión por la llamada “ruta del dinero K” (Casación le redujo la pena a 10 años) y luego a otros 6 años por la causa de Vialidad. Esta vez será juzgado por la compra del campo “El Entrevero” y por un terreno, ambos en Uruguay. El empresario no estará en la primera audiencia. Su defensa pidió que siga el debate por Zoom, según pudo saber Infobae de fuentes judiciales. El tribunal lo autorizó aunque en el futuro podría pedir que se haga presente en los tribunales de Comodoro Py.

El juicio oral estará a cargo del Tribunal Oral Federal 4, el mismo que ya condenó a Báez por “la ruta del dinero K”. Será con un sistema mixto (presencial y por zoom) y las audiencias se realizarán todos los lunes en la sala A de los tribunales de Retiro.

Báez será juzgado junto al abogado Jorge Chueco, el contador Daniel Pérez Gadín, y el arrepentido Leonardo Fariña. También fueron enviados a juicio Maximiliano Acosta, Maximiliano Goff Dávila, el financista Santiago Carradori y Osvaldo Guthux.

El hecho principal es la compra del campo “El Entrevero”, ubicado entre José Ignacio y La Barra. Por ese terreno, de 152 hectáreas, se pagaron USD 14 millones. De la operación participaron varias sociedades y testaferros de Báez para intentar ocultar a los verdaderos dueños. Pero el arrepentido Leonardo Fariña reveló todos los detalles de la trama.

La operación se hizo a través de la sociedad uruguaya Traline SA (Maximiliano Acosta era el presidente y luego se otorgó un mandato de disposición general a Maximiliano Goff Dávila). Cuando Fariña se distanció de Báez, y aparecieron en escena el abogado Jorge Chueco y el contador Daniel Pérez Gadín, el campo quedó a nombre de otra sociedad denominada Jumey SA, presidida por éste último.

El campo se pagó a través de diversas transferencias, con la intervención de varias entidades bancarias, entre diciembre de 2010 y julio de 2011. “Fue una operación similar a la que se hizo para comprar el campo en Mendoza (ya se juzgó en la “ruta del dinero K”), pero en este caso todos los pagos fueron con transferencias”, resumió uno de los implicados.
En el juicio también se juzgará la compra de un terreno en el departamento de Maldonado valuado en USD 320 mil. En esa operación también intervinieron Traline SA y luego Jumey SA. El inmueble se pagó en tres cuotas: 1) el 24 de febrero de 2021 la firma Danifort International Corp abonó USD 49.987, 2) la misma firma hizo otro pago de USD 49.987, 3) el 16 de agosto de 2011, otra empresa transfirió otros USD 99.955. “Se desconoce cómo se instrumentó el saldo restante”, sostuvo el fiscal Guillermo Marijuán cuando pidió la elevación a juicio.

Finalmente, Maximiliano Goff Dávila será juzgado por la compra, “en comisión”, de un departamento ubicado en avenida del Libertador y Silvio Ruggieri, por el que se habrían pagado USD 800 mil, aunque su valor actual superaría ampliamente esa cifra.

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Varias de las defensas de los imputados sostienen hace tiempo que este juicio oral debería haber sido parte del juicio por “la ruta del dinero K”. Ese debate se reeditará en las primeras audiencias. “Este juicio es un anexo de una causa que ya se juzgó”, asegura uno de los abogados que, igualmente, prefiere esperar que otras defensas hagan sus planteos. “Los que estuvieron en ‘la ruta del dinero K’ ya fueron condenados por lavado agravado. Si los hubiesen condenado por lavado simple, por un sólo hecho, no habría discusión”, apunta otro de los defensores.

La audiencia de este lunes arrancará con la lectura del requerimiento de elevación a juicio y luego se abordarán las cuestiones preliminares. La defensa de Báez, a cargo de Juan Martín Villanueva, ya adelantó que pedirá una reducción del juicio. “Se hacen convenciones probatorias con los acusadores. Por ejemplo, no está controvertido que Lázaro es el accionista mayoritario de Austral Construcciones, entonces ellos no tienen que producir prueba en el debate para probar ese punto”, explicó el abogado a Infobae.

Báez no estará en la sala de audiencias. Seguirá el juicio desde su casa, en la localidad de San Vicente, donde cumple con prisión domiciliaria.
La agenda judicial de Báez no tiene descanso. Al juicio por “El Entrevero” podría sumar otro en la provincia de Chaco por el delito de evasión. Antes de la feria judicial, el Tribunal Oral de Resistencia (Chaco) notificó que ese proceso arrancaría el 20 de octubre, por lo que podría tener dos juicios en simultáneo. Sin embargo, las defensas de los imputados aseguran que es poco probable que se cumpla con ese plazo. “Antes de iniciar el juicio deben llevarse a cabo pericias contables ordenas como instrucción suplementaria. Esas pericias llevarán un tiempo considerable por que es difícil que arranque en esa fecha”, dijo a Infobae un allegado a Jorge Chueco.

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La investigación por evasión arrancó a partir de una denuncia de la AFIP, que detectó inconsistencias en las declaraciones juradas que presentaba la firma “Sucesores de Adelmo Biancalani”. La investigación quedó a cargo del fiscal federal Patricio Sabadini, quien pidió el procesamiento de cinco imputados. En esa instancia, el fiscal explicó que los imputados habrían evadido el pago de ganancias y del IVA entre 2013 y 2015. En concreto, serían $3.214.530 (2013), $5.741.953 (2014), y $31.528.087 (2015) por el impuesto al valor agregado y otros $11.005.807 por ganancias del período 2014.

No es todo. El empresario K tiene otras causas por evasión que están desparramadas en distintos fueros. Y también deberá afrontar otro juicio, todavía sin fecha, en la causa conocida como M&P. En este expediente se investigaron maniobras realizadas con empresas fantasma para inyectar dinero en Austral Construcciones a través de otra firma de Báez, entre los años 2015 y 2016, con el fin de eludir los embargos que pesaban sobre empresas y miembros de la familia del empresario.
Fuente: Infobae.