Muñoz denunció penalmente a Pablo Grasso por su gestión al frente del IDUV: en tres años se licitaron 988 casas y solo se entregaron 224
El concejal Pedro Muñoz radicó una denuncia penal contra tres expresidentes del IDUV, Roberto Andrino, Daniel Copertari, y Pablo Grasso, y a su hermana y actual presidenta del organismo, María Grasso, por presuntas irregularidades en la contratación de obras públicas. Como ejemplo citó que entre 2016 y 2019 se licitaron 988 casas y solo se entregaron 224. Pidió que se allanen oficinas del IDUV y del Registro Único de Proveedores. Se trata de la adjudicación de obras a Carrizo Stella Maris / Empresa Strella pese a encontrarse en proceso de quiebra desde hace más de un año, y a las firmas Mata Negra, Acri, Escarabajal, Efitec y Permaco, a cargo de obras por más de mil millones de pesos a valores históricos. El concejal menciona adelantos de pago de obras sin control, obras inconclusas, y posible cartelización de la obra pública.
Según la información recabada por el concejal, desde Diciembre de 2016 a Diciembre de 2019, se licitaron 988 Casas y solo se entregaron 224. «Si tomamos un valor histórico de $ 1.648.708,97 (base 2016), además de verse afectado el derecho de acceder a su primer vivienda por parte de muchos ciudadanos, el perjuicio económico sería de aproximadamente mil millones de pesos», asegura en su denuncia.
El concejal de la CC – ARI, profesor Pedro Muñoz, presentó esta mañana una denuncia penal en el Juzgado Penal N° 2 de Río Gallegos a cargo de José Antonio Chan, en contra de los expresidentes del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda: Pablo Grasso, Roberto Andrino, arq. Daniel Copertari y la actual presidenta del organismo, María Grasso, por la presunta comisión de los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad, encubrimiento y violación de los deberes de funcionario público.
La denuncia pide investigar numerosas obras adjudicadas a la empresa Carrizo Stella Maris / Empresa Strella Construcciones, «pese a encontrarse la misma en concurso preventivo de acreedores es decir; legalmente declarada en quiebra, beneficiando casualmente de este modo siempre a la misma empresa incumplidora”.
«Solicitamos que se investigarse la cartelización de la obra pública licitada por el
Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (I.D.U.V.), porque entendemos que existen
pruebas concretas que demuestran ciertos actos o maniobras fraudulentas que tienden a favorecer de manera evidente siempre a las mismas empresas que son las que se presentan recurrentemente en cada llamado y que ganan las licitaciones», se lee en la denuncia que Muñoz presentó con el patrocinio del doctor José Luis Janezak.
Muñoz señaló que en la denuncia “Adjuntamos todas las pruebas correspondientes y esperamos que la Justicia actúe a la altura de las circunstancias. En caso de comprobarse los delitos anteriormente mencionados podrían caber penas que abarcan desde la inhabilitación temporal o perpetua a funcionarios públicos, multas y/o hasta 6 años de prisión”, explicó el edil.
Asimismo solicitó formalmente que se efectúen de manera urgente allanamientos a las oficinas del IDUV y al Registro Único de Proveedores para proceder al secuestro los expedientes, legajos, actas de inspección, notas, como así también toda aquella documentación en soporte papel y/o digital de toda aquella evidencia que pudiera resultar útil para la causa que se investiga.
La denuncia surge a partir de haberse detectado una serie de irregularidades en los procesos licitatorios, como asimismo en obras de viviendas que no se culminaron; las entregas inconclusas de planes de viviendas, los pagos anticipados a empresas adjudicatarias sin que previamente se hayan controlado los avances de obras; las demoras e incumplimientos de contratos, los tiempos de construcción injustificadamente extensos y por fuera del promedio regular, entre otros puntos.
El autor de la denuncia, señaló que se adjudicaron obras «a empresas insolventes, así como la tercerización de obras mediante subcontratación de empresas satélites. Tal es el caso de las numerosas obras adjudicadas a la empresa Carrizo Stella Maris / Empresa Strella Construcciones, pese a encontrarse la misma en concurso preventivo de acreedores (es decir; legalmente declarada en quiebra) beneficiando casualmente de este modo siempre a la misma empresa incumplidora”.
Muñoz también menciona en su denuncia a la firma EFITEC SRL, también adjudicataria de obras de viviendas, uno de cuyos socios propietarios era el Sr. Domene Osvaldo
Omar, quien a su vez era apoderado de Strella Construcciones/ Carrizo Stella Maris.
Cabe recordar que en mayo del año pasado Muñoz preguntó al municipio de Río Gallegos a cuyo frente se encuentra Pablo Grasso, por qué continúa adjudicando obras a Strella Construcciones empresa que en 2021 concentró obras por un monto de $1.300 millones, y según un edicto del 17 de diciembre de 2021, su responsable figura en un concurso preventivo.
Muñoz señaló que en la denuncia “Adjuntamos todas las pruebas correspondientes y esperamos que la Justicia actúe a la altura de las circunstancias. En caso de comprobarse los delitos anteriormente mencionados podrían caber penas que abarcan desde la inhabilitación temporal o perpetua a funcionarios públicos, multas y/o hasta 6 años de prisión”, concluyó.
Fuente: Winfo.