El periodista Carlos Pagni publicó una columna en diario La Nación donde repasa los orígenes y consecuencias del millonario juicio por la expropiación de YPF, y plantea que el fallo de la jueza estadounidense Loretta Preska pone en evidencia no sólo el vínculo entre política y petróleo en Argentina, sino también un entramado de negocios irregulares impulsados desde el kirchnerismo para apropiarse de empresas estratégicas.
Pagni sostiene que la decisión de Cristina Kirchner de estatizar el 51% de las acciones de YPF en 2012 fue un intento de corregir la política previa de su esposo, Néstor Kirchner, quien había promovido la entrada de empresarios allegados, como la familia Eskenazi, en la petrolera, sin que pusieran dinero. Para el periodista, esa jugada formó parte de un “sueño megalómano” de apropiarse de compañías clave mediante testaferros o amigos del poder.
De Repsol a Burford: el recorrido legal
Pagni repasa que los Eskenazi ingresaron a YPF comprando el 25% de la compañía a Repsol, a pagar con dividendos futuros. Repsol aceptó el arreglo, y nadie en España objetó el procedimiento. En 2012, cuando Cristina Kirchner estatizó la mayoría accionaria de YPF, las acciones de Petersen Energía, la firma de los Eskenazi, no fueron expropiadas, por razones que, según Pagni, podrían incluir hasta venganzas personales.
Esa omisión permitió a los Eskenazi vender su derecho a litigar contra el Estado argentino al fondo Burford, que compró el 70% del reclamo por apenas 15 millones de euros. Hoy, ese mismo reclamo se convirtió en un fallo adverso que condena a Argentina a pagar más de 16.000 millones de dólares.
Negocios, política y justicia
Pagni recuerda que el caso de los Eskenazi no fue investigado a fondo en la Justicia argentina. Ni las causas abiertas por Elisa Carrió ni las denuncias derivadas de los “cuadernos de las coimas” avanzaron. También señala el vínculo entre la familia Eskenazi y el entorno presidencial, desde los tiempos en que Alberto Fernández trabajaba para ellos en YPF, hasta los actuales lazos con dirigentes y gobernadores.
El periodista también plantea que la falta de defensa judicial del Estado en este juicio podría haber sido deliberada: desde el rol pasivo de Carlos Zannini, procurador del Tesoro durante la gestión de Alberto Fernández, hasta las conexiones políticas y financieras del kirchnerismo con los actores involucrados en la operación.
Una pulseada política, judicial y económica
El texto advierte que el fallo de Preska no sólo afecta al gobierno actual, sino que reabre tensiones internas dentro del peronismo, especialmente entre el gobernador bonaerense Axel Kicillof —quien ejecutó la estatización— y La Cámpora, representada por Máximo Kirchner, que también tiene motivos para cuestionar a los Eskenazi.
Además, el caso se mezcla con presiones de Burford para negociar con el gobierno de Javier Milei, y un debate en el Congreso sobre el repudio al fallo judicial. En el fondo, Pagni plantea que todo forma parte de una visión de poder impulsada por Néstor Kirchner, que intentó construir un sistema empresarial al servicio de su proyecto político, y que terminó estallando en los tribunales internacionales.
FOTO DE PORTADA: CRISTINA KIRCHNER CUANDO ERA PRESIDENTA CON ENRIQUE ESQUENAZI PRESIDENTE Y FUNDADOR DEL GRUPO PETERSEN (BANCO SANTA CRUZ) FALLECIDO ESTE AÑO A LA EDAD DE 99 AÑOS.