La alicaída liga de los gobernadores llamada Provincias Unidas, la cual nació ante la debilidad del presidente Javier Milei y fue pensada para “negociar” con el Ejecutivo desde un bloque de provincias que en las últimas elecciones no resultaron ser atractivas para un electorado desconfiado de las “terceras vías”, se transformaron en una cuña entre la grieta política con dos bordes: el kirchnerismo y el mileísmo, pero regionalmente surgen diferencias insalvables estre los actores provinciales.
Ignacio Torres de Chubut, Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz), son los cofundadores de este ensayo electoral que seguramente se perfeccionará para el 2027.
Estos gobernadores, es de suponer, tienen puntos de vistas en común sobre las políticas públicas, la institucionalidad, las libertades, la democracia y fundamentalmente, se me ocurre, deben ser compatibles en cuanto al tratamiento de la corrupción, los delitos cometidos en la función pública y el sostenimiento de la ética como sustento del nuevo paradigma político que intentan establecer.
Primera provincia sin fueros
Pero encontramos algunas curiosidades llamativas, si comparamos los posicionamiento políticos sobre algunos temas de institucionalidad y ética pública, entre dos gobernadores de la misma liga y vecinos territorialmente; nos referimos a Claudio Vidal de Santa Cruz e Ignacio Torres de Chubut.
Torres, hace veinte días promulgó la enmienda constitucional votada por los chubutenses el pasado 26 de octubre, por la cual se eliminan los fueros de inmunidad en los tres poderes del Estado.
El 63% de la población votó afirmativamente el Referéndum para la eliminación de estos privilegios los cuales fueron refrendados en los textos de los artículos 247 y 248 que se agregan al plexo constitucional, sancionados por la Cámara de Diputados chubutense, Ley V N° 201.
De esta manera, Chubut pasa a ser la primera provincia sin fueros, por decisión popular e impulso del gobernador del PRO.
No habrá, de ahora en más en Chubut, gobernador, vice, funcionarios, diputados o cualquier político que encuentre en un cargo provincial (electo o designado) un reducto de impunidad, dado que por muchos años, corruptos de toda laya han logrado aplazar o cuerpear la ley, gracias a la inmunidad que le daban los fueros políticos, lo cuales, sin duda, nunca fueron creados para esos fines.
Vecino por cercanía territorial, no por proximidad ética
Pasando el límite geográfico de Arroyo Verde, cruzamos de Chubut a Santa Cruz y viceversa, sin embargo, el paisaje no cambia, la gente es la misma, climáticamente son provincias parecidas, hasta económicamente podríamos decir que se parecen, excepto por la política que aplica uno y otro Estado, a través de sus gobernadores quienes, como sabemos, conforman ese frente de mandatarios provinciales de los cuales (suponemos) tienen más o menos las mismas ideas y similares principios desde donde entienden la política y la aplican en la práctica. Pero no es así.
La primera grieta entre Torres y Vidal es ética. Mientras en Chubut hacen una enmienda constitucional mediante un referéndum para abolir la inmunidad del sector público-político de la provincia, en Santa Cruz el Gobernador Claudio Vidal se ha negado sistemáticamente a aprobar la “Ficha Limpia”.
Mientras en Chubut hay condenados por corrupción, incluyendo ex funcionarios de los últimos gobierno provincial de Buzzi y de Das Neves, quienes están presos por haber usado fondos públicos y obra en emergencias climáticas para hacer negocio propios y de empresas amigas y la justicia condenó a empresarios y pseudo empresarios que se valieron de la corrupción para engordar sus bolsillos, etc, en Santa Cruz, luego de 32 años de kirchnerismo y dos años de vidalismo no existe ni siquiera un procesado por ese delito.
En Chubut, con todos los problemas que existen en la legislatura y en la justicia, no existe un solo caso de apañamiento de un delincuente sexual (mucho menos aún por este delito aberrante) y en Santa Cruz el gobernador Claudio Vidal protege a un amigo acusado de corrupción administrativa, falsificación de documento públicos y tres abusos sexuales con acceso carnal, a quien lo puso como diputado, está en la Comisión que elige a los jueces y por cuarta vez consecutivas los diputados oficialistas han manifestado su cobertura expresa de apoyo y protección institucional a Fernando Españón para impedir que la justicia actúe como corresponde en estos casos. Ni hablar que un alto funcionario como el Ministro Jaime Álvarez y el “empresario” asociado al gobierno de Santa Cruz Rubén Aranda, con su empresa Chimen Aike, están procesados en la denominada “Causa Cuadernos” que se ventila por estos días.
Más allá de todo lo que mencionamos más arriba, el gobernador de Santa Cruz ha desatado un infierno institucional en la justicia provincial, tratando de meter jueces y revocar nombramientos bajo el argumento del cambio, resistidos del otro lado de la oposición, lo que tiene a todo el aparato judicial de Santa Cruz parado e inactivo desde hace varios meses.
Como se ve, hay un elemento fundamental para que esta liga de gobernadores no prospere más allá del discurso políticos: las convicciones y los procedimientos. Si bien Ignacio Torres no es ninguna “carmelita descalza” y su administración tiene serios lunares altamente cuestionables desde lo político, sin duda cuida aspectos que son vitales a la hora de gobernar y dar un mensaje claro hacia la gente y eso lo ha refrendado poniendo ad referéndum del pueblo, temas tan sensibles como la quita de los fueros, que aquí al lado, en Santa Cruz, el gobierno los usa como pantalla protectora de ladrones , corruptos y abusadores. (Agencia OPI Chubut)