ECONOMÍA RESPONDIÓ QUE NO HAY PLATA. El Tribunal Superior pidió los fondos para pagar los aumentos que se autoasignó

Ante la negativa del gobierno argumentando que dada la crisis financiera que atraviesa la provincia, la presidenta del TSJ dispuso el pago con los aumentos de diciembre.

El Poder Judicial de Santa Cruz solicitó formalmente al Poder Ejecutivo provincial la remisión urgente de partidas presupuestarias para poder abonar los aumentos salariales correspondientes al mes de enero de 2026, incrementos que fueron fijados en diciembre pasado por el Tribunal Superior de Justicia y que rigen para el período enero-octubre de este año.

El pedido quedó plasmado en una comunicación interna firmada por la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, dra. Reneé Guadalupe Fernández, dirigida a todo el personal judicial, incluidos vocales y jueces, en la que se informa la imposibilidad de liquidar los haberes de enero con los aumentos acordados debido a que el Ministerio de Economía de la provincia no remitió las partidas necesarias, argumentando razones de ajuste presupuestario.

Según detalla la nota, el Poder Judicial había solicitado el pasado 30 de enero, mediante la Nota N° 24/DGA/26, una ampliación de la cuota de devengado para completar la carga salarial de enero con los incrementos acordados. Sin embargo, la Secretaría de Estado de Hacienda y Finanzas respondió que no es posible instrumentar dicha ampliación en virtud de la vigencia de la Resolución N° 30/26 del Ministerio de Economía, que limita las cuotas de pago a las pautas salariales aprobadas hasta el 31 de agosto de 2025.

La resolución ministerial, cuya copia también fue difundida en las redes sociales, establece que las cuotas de compromiso, devengado y pago deben ajustarse a los créditos presupuestarios disponibles y prohíbe incrementar el gasto corriente producto de aumentos salariales no contemplados en el presupuesto provincial vigente. En sus fundamentos, el Ejecutivo provincial invoca la grave crisis financiera que atraviesa la provincia y la necesidad de profundizar medidas de austeridad fiscal.

Ante este escenario, y con el objetivo de garantizar el cobro de los salarios en tiempo oportuno, el Tribunal Superior de Justicia resolvió avanzar con la liquidación de los haberes de enero a valores de diciembre de 2025, aplicando únicamente la actualización por antigüedad y asignaciones dobles, dejando pendiente el pago de los incrementos salariales acordados.

Desde el Poder Judicial se informó además que continuará el reclamo ante el Ministerio de Economía para la remisión de los fondos adeudados, reafirmando la vigencia de su autarquía financiera y el respeto por los acuerdos salariales alcanzados.

Cabe recordar que los aumentos dispuestos por el Tribunal Superior de Justicia generaron una fuerte controversia pública, ya que los porcentajes fijados para 2026 se ubican por encima de la inflación proyectada y estimada. De acuerdo a estimaciones publicadas oportunamente, estos incrementos llevarían los salarios de los vocales del Tribunal Superior a montos que oscilarían entre los 22 y 24 millones de pesos mensuales, lo que motivó severas críticas desde distintos sectores políticos y sociales. El detalle de la evolución salarial fue difundido en enero por el portal Winfo Santa Cruz.

Según datos oficiales, a los que accedió LA NACION, la masa salarial para los 1646 trabajadores del Poder Judicial pasará de $9700 millones a $11.500 millones (casi 7 millones de pesos en promedio); en tanto que la masa salarial de los 956 pasivos judiciales pasará de $2200 millones en diciembre a $3200 millones en octubre e impacta directamente en déficit de la caja jubilatoria provincial.

Según fuentes oficiales consultadas por LA NACION, los sueldos de los vocales del Tribunal Superior de Justicia, pasarán de $11 y $16 millones en diciembre pasado a $17 y $24 millones en octubre. Las diferencias se deben a la antigüedad de los magistrados en el cargo.