La reforma divide el sistema en dos segmentos: los hogares seguirán bajo control estatal, pero comercios, pymes e industrias enfrentarán precios dolarizados. El cambio promete “estabilidad”, aunque especialistas advierten que puede acelerar futuros tarifazos y agravar el desbalance entre costos y salarios.
El Gobierno nacional prepara una transformación profunda del mercado eléctrico argentino que, según fuentes del sector, implicará un nuevo golpe al poder adquisitivo una vez que pasen las elecciones.
El plan, presentado por el área de Energía, dolariza el pago a las generadoras y rediseña el esquema de tarifas, desplazando el peso del ajuste hacia los usuarios no residenciales: comercios, pymes, cooperativas y grandes industrias.
La medida se enmarca en la llamada “recomposición de balances” del sistema, que busca corregir la deuda del Estado con las empresas del sector. Sin embargo, la dolarización introduce un riesgo conocido: cada salto cambiario se traduce en aumentos automáticos de tarifas.
La reforma divide el sistema en dos grandes segmentos.
En el mercado estacionalizado, donde permanecen los usuarios residenciales y los pequeños no residenciales, las tarifas seguirán reguladas por el Estado y canalizadas a través de Cammesa.
En el mercado desestacionalizado, los grandes usuarios podrán contratar energía directamente con las generadoras a precios libres, pactados en dólares.
En teoría, el esquema promete “previsibilidad” para los hogares. En la práctica, según documentos internos de la Secretaría de Energía a los que accedió La Política Online, las tarifas quedarán atadas a la cotización del dólar y a la última central que entre al despacho, generalmente la más cara.
Esto implica que si una termoeléctrica que quema gasoil completa la oferta, todo el sistema se paga a ese valor, incluso para las plantas más baratas.
IAumentos escalonados y presión sobre la industria
El coordinador del área de Energía, Daniel González, reconoció en el Congreso que el nuevo modelo provocará aumentos promedio del 15% anual, con picos del 35% en invierno para los grandes usuarios.
Un informe interno calcula que el sistema podría incrementar sus ingresos en unos 785 millones de dólares anuales.
El documento también admite que el beneficio para los hogares será relativo, ya que el mercado se volverá más “volátil” y con mayor “necesidad de cobertura contractual” para los actores privados.
Un exfuncionario del área advirtió que “la supuesta protección a los residenciales es un mito: la dolarización generalizada convierte cada devaluación en un nuevo tarifazo”.
Consecuencias para la Patagonia
La medida preocupa especialmente en las provincias del sur, donde el costo energético impacta directamente en la producción y la vida cotidiana.
Las cooperativas y las pymes locales, que operan con márgenes mínimos y fuertes costos logísticos, serían las primeras afectadas por un mercado dolarizado.
En zonas de climas extremos y baja densidad poblacional, el aumento del precio de la energía no solo encarece los servicios, sino que puede alterar el equilibrio social y productivo.
El fantasma del CIADI y los años 2000
La dolarización parcial de los contratos no solo agrega presión interna: reabre el riesgo de litigios internacionales.
Si las tarifas no acompañan las variaciones cambiarias, las empresas podrían recurrir a tribunales como el CIADI, alegando violación de contratos, tal como ocurrió después de la crisis de 2001.
Los especialistas advierten que el país podría repetir el ciclo de endeudamiento y conflicto legal si no logra equilibrar la estructura dolarizada del sistema con una economía que sigue pesificada.