El exintendente deberá presentarse ante la Justicia en Capital Federal para prestar declaraciones por el supuesto cobro de una coima de la venta de tierras fiscales a comerciantes chinos, quienes también fueron procesados.
El 14 próximo de marzo comenzará el juicio oral y público que involucra al exintendente de Caleta Olivia Facundo Prades por el supuesto cobro de una coima de la venta de tierras fiscales a comerciantes chinos, quienes también fueron procesados.
Por lo tanto, Prades deberá presentarse ante el tribunal Oral en lo Criminal y Correccional en Capital Federal junto al denunciante radical Fermín Valdivia Jara y los tres empresarios chinos imputados en esta causa que data de agosto del año 2017.
Los involucrados deberán presentarse ante el tribunal para prestar declaraciones.
Recordamos que este caso, mayormente conocido como el “de la mochila”, se hizo viral a nivel país y terminó en un escándalo cuando comenzó a circular un video de una cámara oculta donde el exfuncionario caletense recibía una mochila con un montón de dinero en una habitación de hotel en Buenos Aires, a metros del obelisco porteño. Dicha situación fue disparadora de la investigación judicial.
En aquél momento, y ante lo ocurrido, el ex jefe comunal Carlos Facundo Prades negó categóricamente la acusación contra su persona, en una presentación espontánea que hizo en un juzgado local.
El Hecho
El auto de procesamiento emitido por el juzgado nacional en lo Criminal y Correccional Nº 42 detalla que Prades fue considerado “prima facie” autor del delito de cohecho pasivo (artículos 45 y 256 del Código Penal de la Nación), mandando a trabar embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de catorce millones de pesos ($ 14.000.000).
También fueron procesados sin prisión preventiva y embargados por la misma suma, Weng Jianping, Yan Shisong, YanShiling Xue Yanqing y José Fermín Valdivia Jara.
Este último fue quien dio detalles de la maniobra del supuesto cobro de una coima por dos millones de pesos por la venta de tres terrenos fiscales a los empresarios chinos.
Según relató Valdivia Jara, un año después de los sucesos que ahora se investigan, el 16 de marzo de 2016 él recibió un pago de 500 mil pesos de manos de los compradores de las tierras fiscales en un hotel de la ciudad de Caleta Olivia.
Dijo también que ese mismo día, en simultáneo en el hotel Obelisco Center de CABA, Facundo Prades recibió también de parte de los empresarios, dinero que fue embolsado en una mochila. La escena mencionada anteriormente, y que fue registrada por una cámara oculta y difundida por el canal porteño TN.
Luego de la publicación de la denuncia, el exintendente Prades se presentó espontáneamente en el Juzgado de Instrucción Nº 2, de Caleta Oliva donde elevó un escrito en el que manifiesta que “habría sido injustamente imputado en un supuesto hecho que negó categóricamente de su existencia” y afirmó su inocencia en los hechos.
El proceso judicial tendrá desarrollo en la provincia de Buenos Aires, Capital Federal.
Fue el denunciante Valdivia Jara, quien aseguró que la escena que se ve en el video era la entrega de “una coima de dos millones de pesos” pagadas horas antes de que se concretara la subasta de uno de tres terrenos fiscales de Caleta Olivia.
En el escrito presentado en el Juzgado de Instrucción 2 Prades afirma: “Debo señalar que lo falsamente denunciado () constituye una clara maniobra preelectoral dirigida y orquestada con la única finalidad de perjudicarme, pues, la persona que aparece en el video (editado), es un allegado personal del diputado nacional Eduardo Costa, quien al verse contundentemente derrotado en las próximas elecciones primarias a llevarse a cabo el 13 de Agosto de 2017, por mi padre, habría buscado, inescrupulosamente, un atajo miserable y perverso, que sin miramientos morales ni éticos, ha intentado dañar mi credibilidad pública”, declaró Prades en su denuncia.
Según Valdivia Jara, los que habrían puesto el dinero serían empresarios de origen chino, que en esa época tenían la intención de instalar supermercados en esta localidad santacruceña.
Por los tres terrenos se pagó un total de 7,5 millones de pesos.
“Es hartamente sospechoso que la comisión de un supuesto hecho ilícito sea denunciado un año y dos meses después de su supuesta realización y justo ante la inminencia de las próximas elecciones primarias (P.A.S.O.)”, detalla el exintendente Prades en el escrito.
Fuente: Opinión Austral.