La crisis institucional que se produjo en la Justicia de Santa Cruz no tiene antecedentes, aún cuando por treinta años, la misma justicia fue manejada por el kirchnerismo a su antojo, pero siempre uniendo las partes y evitando los desbordes y la confrontación de sectores dentro de la misma institución, a los niveles actuales que trascienden los muros del Poder Judicial.
La situación actual de convullsión en la que se encuentra el máximo Tribunal de Santa Cruz es básicamente política. No se discute calidad de los jueces, ni academicismo, ni mecanismos más transparentes para producir una sustitución acorde a las necesidades de impartir justicia a un pueblo que necesita justicia; nada de eso, es una pelea barrial de guapos.
Por un lado, los que empujan para entrar y ocupar un lugar de poder que le niegan los que están y desde adentro la resistencia del sector que advierten el objetivo claro del Ejecutivo al aumentar el número de jueces del máximo Tribunal para compensar fuerzas y aplicando mayorías, desplazar a los K y poner a los V. Nada nuevo, nada mejor, nada innovador. Es más de lo mismo, pero más burdo.
La última novedad sobre el tema es la Resolución de los Vocales del STJ Alicia de los Ángeles Mercau, Paula Ludueña, Reneé Fernández y Fernando Basanta, declarando la nulidad “absoluta e insanable” de la Resolución que firmó el presidente del Cuerpo, el Dr Daniel Mariani, reconociendo la incorporación de los abogados Sergio Acevedo y Antonio González Nora como nuevos vocales, por medio de la cual oficializó la toma de juramento.
La Resolución de los cuatro vocales en disidencia se manifestó sobre la invalidez de esos juramentos y por lo tanto ni Acevedo ni González Nora son reconocidos y menos investidos como vocales del máximo Tribunal.
El conflicto que partió en dos al Superior Tribunal proviene del desconocimiento que el gobierno provincial y el propio Mariani, quien juega sus fichas con Claudio Vidal, Fabián Leguizamón y el diputado Pedro Luxen, hacen de la cautelar existente en primera instancia que le dio curso el juez Bersanelli y fue virtualmente ignorada por Diputados oficialistas y el propio Ejecutivo, argumentado la inconstitucionalidad de la medida, la intromisión en otro Poder del Estado, pero sin seguir los procedimientos legales para desactivar la misma y posteriormente se sumó una nueva medida de la jueza Cecilia Carolina López quien ordenó suspender por 30 días las designaciones de Sergio Acevedo y José Antonio González Nora como vocales del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz en base a un amparo presentado por el diputado Eloy Echazú (FPV), quien cuestionó la legalidad de la sesión legislativa y los nombramientos que hizo Vidal.
No obstante la nulidad declarada por 4 de los cinco integrantes del STJ, cuando el Presidente Daniel Mariani convocó el miércoles a reunión de todos los miembros del Tribunal para protocolizar el ingreso de Acevedo y González Nora, lo cuatro disidentes no asistieron, por lo tanto, el Acta respectiva se tuvo que confeccionar dando por sentado que por falta de quorum, los nuevos Vocales, no pudieron asumir formalmente.
Por los pasillos
El Superior Tribunal de Justicia, por estos días, es un caldero a punto de estallar. Hay quienes afirman que “nunca van a poder legalizar formalmente los ingresos de los nuevos vocales, mientras la situación institucional siga rota”. Otras de las fuentes admiten que el gobernador Claudio Vidal logró poner al Presidente del STJ de su lado “bajo la promesa de un retiro asegurado y la gratificación por los servicios prestados”; a cambio, Mariani debe promover (y lograr) la asunción de Acevedo y Nora.
Otra de las voces que no asegura el futuro pero previene el desenlace, sostiene que “Mercau, Luedeña, Fernández y Basanta, tensan la cuerda para negociar con el máximo recurso que tienen: la mayoría” y no dudan en sostener que algunos de ellos también arreglarían su retiro con el máximo salario, a cambio de dejar su lugar vacante, el o los cuales, luego, serían ocupados por jueces de Vidal y en esta instancia el STJ cambiaría absolutamente de mano y el gobierno con mayoría partidaria, podría, como lo hizo el kirchnerismo, hacer y deshacer sobre la justicia provincial, a su real antojo.
Conclusión: nadie, ni el krichnerismo ni el vidalismo, buscan mejorar la justicia, solo les importa permanecer a los que están en sus sillones y llegar a los que se han propuesto. La institucionalidad no es el fuerte de ninguno de ellos y la justicia (como entidad de la ley), menos.
Estamos ante una lucha de intereses políticos, poder y dinero. Nada de lo que dice que impulsa el gobernador Vidal es transparente, abierto, consultado, público y sigue pasos metodológicos distintos a los que en 30 años generó el kirchnerismo, cooptando la justicia y transformándola en un ghetto de militancia, amigos, parientes y favorecedores.
Por el contrario, estas luchas internas demuestran la baja calidad institucional en la que hemos caído y la seguridad de que siempre se puede caer más, gracias al egoísmo, la marginalidad y la ambición de poder e impunidad que demandan quienes dicen llegar al gobierno para ampliar las libertades y cada vez nos encierran más en sus propias mezquindades y miserias. (Agencia OPI Santa Cruz)