Fundación Valdocco: El gobierno denunció defraudación y constató que seis jóvenes alojados allí cobraban por el CPE.

El gobierno de Santa Cruz, a través de la Fiscalía de Estado, denunció a la Fundación Valdocco por presunta defraudación en perjuicio de la administración pública. La acusación señala irregularidades en la rendición de fondos provenientes de las arcas provinciales, al tiempo que plantea dudas sobre el destino de los recursos y su impacto en los beneficiarios, en su mayoría niños y adolescentes de la comunidad wichí, trasladados desde Chaco para residir en Santa Cruz.

La denuncia, presentada en el Juzgado de Primera Instancia de Caleta Olivia recayó en el juzgado de Instrucción N°1, a cargo de Marcos Pérez Soruco, profundizó la disputa entre el gobierno provincial y el sacerdote Juan Carlos Molina, referente de la Fundación Valdocco quien en una conferencia de prensa que brindó la semana pasada sugirió que se trataba de una persecución política.

El fiscal de Estado, Ramiro Castillo, quien rubricó la presentación judicial en nombre del gobierno acusó a la fundación de un manejo opaco de los fondos públicos. Según el documento, en el presunto delito “podrían haber participado distintas personas desde la función pública que ocuparon en la provincia, lo que deriva en una inusitada gravedad institucional ya que se encontrarían afectados la administración y las arcas públicas de esta provincia y también podríamos estar en presencia de otros delitos contra la administración pública”.

El actual gobierno investiga si cumple con la escolarización comprometida, además de los números de los alojados, en tanto que afirman que hay pupilos que a su vez reciben salario como docentes.

“Se constataron seis casos de jóvenes que figuran en los listados de liquidación de haberes en el Consejo Provincial de Educación” detalla la denuncia en la cual se da el nombre de seis jóvenes a quienes se les gestionó la renovación del DNI en los registros civiles de Cañadón Seco y en Río Gallegos.

En la denuncia también hacen mención a 73 personas -y adjuntan listado de nombres y cargos- que cumplen funciones simultáneamente en la Fundación Valdocco en Santa Cruz y en la Unidad Educativa de Gestión Privada N°144 en Comandancia Frías, en Chaco. En este caso las 73 personas cobran sueldo por el Consejo Provincial de Santa Cruz.

“Cabe destacar que se desconoce si estos sujetos residen en la provincia de Santa Cruz o en la provincia de Chaco resultando imposible que presten tareas al mismo tiempo en establecimientos que se encuentran en los polos opuestos del país”, sostiene el fiscal de Estado.

En la denuncia detallan que la transferencia a la Fundación solo en concepto de salarios docentes en el mes de octubre de este año fue de $473.584.897 para las tres sedes educativas de Cañadón Seco y dos en El Calafate, además de $20 millones de manera bimestral que se destinan desde el Ministerio de Desarrollo Social para asistir a los comedores de las tres escuelas.

En la denuncia, el fiscal enumera: “la falta de información de la Fundación Valdocco, la disparidad existente entre la cantidad de niños declarados por la fundación para obtener aportes del Ministerio de Desarrollo Socia con el número de menores que se observó en la inspección ocular del 6/11, el hecho de que algunas de las personas declaradas vulnerables se encuentren recibiendo un sueldo por una supuestas relación laboral con la fundación, el excesivo personal docente en función de la verdadera cantidad de menores que se encuentran en la fundación y a prestación de tareas de 73 personas en forma conjunta en la fundación y en un establecimiento en Chaco, demostrarían una irregularidad manifiesta en relación al adecuado control y a la administración de la Fundación, la cual recibe dinero de las arcas públicas de la provincia, sin que en la actualidad se pueda precisar con exactitud si los montos destinando corresponden a la operatoria que la entidad realiza y si dichos montos se destinan en su plenitud para el fin que propenden”.

En la misma, Castillo sostiene que el control sobre la Fundación debería haber sido realizado por los funcionarios que intervinieron en las operaciones, convenios celebrados y sus ratificaciones, y solicita que la investigación alcance a las áreas del gobierno y los funcionarios que actuaron, a los fines de dilucidar si existió un obrar inadecuado merecedor de reproche penal.

Este conflicto evidencia la necesidad de mayor transparencia en la administración de los recursos públicos destinados a organizaciones sociales, así como controles más rigurosos para garantizar el correcto uso de los fondos.