Se trata de una presentación técnica que hizo el país luego de que el estudio inglés, el principal beneficiario del fallo en primera instancia por más de USD 16.000 millones, pidiera cobrar usando el 51% de las acciones de la empresa que están en manos del Estado.
Las probabilidades de que ocurran son bajas, pero el bufete inglés Burford, principal beneficiario de la condena en primera instancia contra la Argentina por haber expropiado mal YPF en 2012, le pidió a la jueza Loretta Preska –que lleva este extenso juicio en su corte del Distrito Sur de Manhattan hace 9 años– quedarse con el control del 51 por ciento de las acciones de petrolera que están en manos del Estado. Son bajas las chances, pero el pedido está presentado y podría prosperar.
Burford sabe que no podrá cobrar el fallo de Preska que indicó que Argentina debe desembolsar USD 16.000 millones –ahora casi USD 17.000 millones, por los intereses que corren a diario–, y quiere sentarse a negociar con un que hasta ahora no dio señales de querer hacerlo, más allá de los dichos del presidente Javier Milei quien dijo meses atrás que había “voluntad de pago”.
En ese contexto, el estudio inglés pidió formalmente las acciones de la empresa y embargar activos locales en el exterior, dos medidas que avanzan en el estrado de Preska mientras, en paralelo, Argentina defiende su postura en Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York con la intención de revertir la condena de la magistrada que reemplazó al fallecido Thomas Griesa.
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