El caso por el presunto cobro del 2% de sus haberes por parte de dirigentes que integran la Unidad Piquetera recayó en la fiscalía federal de Federico Delgado, quien ya solicitó medidas de prueba.
La justicia federal avanza en su investigación contra el Polo Obrero por los posibles hechos de extorsión y amenazas que algunos de sus dirigentes podrían haber realizado contra los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo para quedarse con el 2% de los haberes que reciben por parte del ministerio de Desarrollo Social. Esto era, hasta el mes pasado, $19.000, unos $273.600.000 anuales si la quita se realiza a las 60.000 personas que trabajan en la Unidades de Gestión que dependen del Polo Obrero.
La denuncia por esos dos presuntos delitos que realizó el fiscal federal Guillermo Marijuan será investigada por Federico Delgado, quien ya solicitó medidas de pruebas. Entre ellas, cuantas Unidades de Gestión -estas son, por ejemplo, cooperativas de trabajo- hay anotadas en el Ministerio de Desarrollo Social a través de las cuales brindan sus servicios los militantes del PO beneficiados con el Potenciar Trabajo.
En su escrito, Marijuan ya había sugerido algunos requerimientos que Delgado puede tomar como propios o no: “Que se libre oficio al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y al Ministerio de Desarrollo Social, para que informe qué cantidad de planes de inserción laboral, denominado ‘Potenciar Trabajo’, fueron otorgados a personas vinculadas al Partido Obrero, desde su creación en el año 2020″.