RÍO GALLEGOS.- La entidad afirma que el Poder Ejecutivo debe cumplir con la sentencia del juez Bersanelli, y la vez advierte que el magistrado se excedió en sus competencias y violó la división de poderes sin que se adviertan causas de inconstitucionalidad.
La Asociación de abogados de Río Gallegos, emitió un documento en el que expresa que, “Ante los hechos de dominio público, que ponen en crisis la institucionalidad de Santa Cruz, exhortamos a los tres poderes del Estado a ajustar su actuación a los límites marcados por la Constitución Provincial, y los principios republicanos y democráticos de Gobierno”.
Resalta que “en este contexto que, ningún poder puede desconocer decisiones judiciales; su eventual desacierto se corrige por las vías recursivas y órganos de control previstos. Las sentencias judiciales deben cumplirse – más aún los restantes poderes del estado – , ello mientras no sean revocadas, por más desacertadas que fueran”.
Recuerda que “Los magistrados deben ceñirse estrictamente a la competencia, procedimiento y motivación. En este marco, advertimos también que la medida adoptada por el Juez de Primera Instancia, Dr. Bersanelli, ha sido cuestionada por excederse en su competencia, violando la división de poderes al inmiscuirse en cuestiones propias de los Poderes Legislativo y Ejecutivo sin que se advierta inconstitucionalidad y/o ilegalidad manifiesta”.
No obstante remarca, “Ahora bien, cualquier exceso en su función jurisdiccional, debe revisarse institucionalmente”.
Argumenta que “La desobediencia entre poderes o la adopción de medidas manifiestamente irregulares compromete la legalidad de los actos y lesiona la confianza pública”.
Cita que, “Los antecedentes provinciales enseñan los costos de apartarse de la Constitución: el caso del ex Procurador Eduardo Sosa, removido en forma inconstitucional y con desatención de la orden de reposición emanada de la Corte Suprema; y la designación del Dr. Basanta en el Tribunal Superior pese a no reunir las condiciones para el cargo, ha generado un deterioro grave en la institucionalidad y aumento de la desconfianza de la ciudadanía en el Poder Judicial”.
Por último manifiesta: “Por ello, exhortamos, conforme lo sostenido históricamente por esta AARG, a los tres poderes del Estado a reconducir el conflicto exclusivamente por carriles legales, garantizando la legitimidad de las autoridades y la vigencia del estado de derecho”.