Se desarrolla hoy la novena jornada de alegatos fiscales en la causa Vialidad por el direccionamiento de obras en Santa Cruz hacia empresas de Lázaro Báez donde está imputada la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, «a esta altura no es creíble que no se enterara de nada», afirmó el fiscal Sergio Mola. De acuerdo a las pruebas que aportaron durante sus alegatos dando por sentado que los imputados formaban parte de una organización que funcionó dentro del Estado para sustraer fondos públicos, los fiscales pedirían aplicar a los responsables penas de prisión de entre seis y dieciséis años e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. Cabe recordar que durante el período 2003-2015 las empresas de Báez fueron adjudicatarias de 51 obras viales para Santa Cruz por un monto de 46 mil millones de pesos.
En la primera parte del alegato final, los fiscales describirán las funciones y responsabilidades que tenían cada uno de los funcionarios que intervenían en la tramitación de las obras viales para Santa Cruz durante el período 2003-2015 durante las presidencias de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner, todas adjudicadas a las empresas de Lázaro Báez.
Tal como demostraron durante la acusación, los fiscales harán hincapie en la falta de control de las obras que en su mayoría las empresas de Báez dejaron inconclusas a pesar de haber percibo el pago de certificaciones, e incluso adelantos financieros y pagos por ampliaciones de obras y determinación de precios.
Además de Cristina Fernández, hay otros 12 imputados en la causa, Julio De Vido, entonces ministro de Planificación Federal y su dependiente José López, Secretario de Obras Públicas son dos de los principales responsables. Ambos estuvieron en sus cargos durante los doce años de mandato presidencial del matrimonio Kirchner.
Además, están acusados de favorecer a Báez con maniobras fraudulentas, los presidentes de Vialidad Nacional y Vialidad de Santa Cruz.
Fue Nelson Periotti, quien desde Vialidad Nacional otorgó la primera obra vial a la firma Gotti que luego fue transferida a Austral Construcciones. Para el fiscal Mola, fue la primera obra adjudicada irregularmente que sirvió como protocolo para las posteriores adjudicaciones, «Homologó todos los actos irregulares», afirmó el fiscal.
Respecto de la cesión de obras entre empresas luego de adjudicadas, fiscal Luciani expuso que se hicieron de modo ilegal se hicieron sin cumplir con los requsitos que impone la legislación para estos casos, entre ellos, que la empresa receptora tenga capacidad para realizar la obra; y que la firma concedente haya realizado al menos el 30 por ciento de la misma.
Juan Carlos Villafañe, Héctor Garro, Raúl Santibáñez, Abel Fatala y Raúl Pavesi, Raúl Osvaldo Daruich y Mauricio Collareda, están también en el centro de las acusaciones por haber ejercido cargos de responsabilidad en Vialidad nacional y provincial.
«Poseían el deber de supervisar y controlar tanto la adjudicación como la ejecución y pago de los contratos», afirmó el fiscal Mola.
El plan “limpiar todo”
Entre otras prubeas la fiscalía se refirió a cómo en los días finales de la presidencia de Cristina Kirchner, los acusados llevaron adelante el plan “limpiar todo”. Señalaron que el 23 de noviembre de 2015 -al día siguiente de las elecciones presidenciales- Julio De Vido “modificó las partidas presupuestarias en favor de la Dirección Nacional de Vialidad y destinó $102.500.000 extra para el pago de obras por convenio”.
Una de las pruebas exhibidas durante los alegatos, es la autorización de pago por la suma de 537 millones de pesos por cinco bras a empresas de Báez. El instrumento legal lo firmó el entonces presidente de Vialidad Provincial, Raúl Santibáñez, el 25 de noviembre de 2015, dos semanas antes de que Cristina Kirchner dejara el cargo y asumiera Mauricio Macri.