Así lo afirmó la ministra de Gobierno, Belén Emilger, quien no obstante consideró que la protesta dentro del nosocomio no tuvo en cuenta que allí hay gente “que la está pasando mal”. Anoche el gremio ATE ocupó el edificio del Consejo de Educación pidiendo por la liberación de los dirigentes detenidos. El fondo del conflicto es el reclamo de aumento de salarios que el gobierno argumenta que no puede otorgar por falta de recursos que busca por dos vías, la asistencia nacional o la toma de empréstitos en el marco de una ley de emergencia que los gremios rechazan.
El conflicto salarial de los trabajadores estatales en Santa Cruz sumó en las últimas horas un nuevo capítulo de tensión con la detención de dos dirigentes gremiales en la localidad de Las Heras y la posterior toma por parte de ATE del edificio del Consejo de Educación en Río Gallegos.
La situación se originó en el Hospital Distrital de Las Heras, donde referentes sindicales realizaban una manifestación en reclamo por la falta de recomposición salarial para los empleados públicos provinciales.
Según explicó, la ministra de Gobierno, Belén Emilger, antes del desalojo hubo instancias de diálogo con los manifestantes, pero ante la negativa a retirarse, intervino la Justicia y el juez Eduardo Quelín ordenó la detención de dos manifestantes, entre ellos la secretaria general de ATE Las Heras.
Como respuesta a ese procedimiento judicial, durante la noche del miércoles militantes del gremio ocuparon las instalaciones de la sede central del Consejo Provincial de Educación, profundizando un conflicto que ya venía en aumento por la demora en la convocatoria a paritarias salariales.
La toma del hospital y la invervención del juez Quelín
Sobre el episodio que disparó la escalada del conflicto, Emilger sostuvo en referencia a la toma del hospital de Las Heras, “Son lugares donde hay gente que la está pasando mal. No se puede tener el atropello que se tuvo. Hay límites que no se pueden atravesar”, afirmó la funcionaria.
Remarcó además que la decisión sobre las detenciones no fue impulsada por el Poder Ejecutivo, sino por la Justicia provincial.
“Esto lo quiero dejar clarísimo: fue una decisión absolutamente del juez. El Poder Ejecutivo no tiene nada que ver”, aseguró al intentar despegar al Gobierno de las acusaciones formuladas desde sectores gremiales.
La funcionaria también alertó que la toma del Consejo Provincial de Educación podría traer consecuencias directas para los propios trabajadores de la educación, ya que impide el normal funcionamiento administrativo del organismo.
“La gente no puede entrar a trabajar y no se pueden liquidar sueldos”, señaló, en referencia a la ocupación del edificio por parte de manifestantes.
En paralelo, el Gobierno provincial insiste en que la discusión salarial está condicionada por la delicada situación financiera de Santa Cruz y por la necesidad de contar con mayores recursos para formular una propuesta sustentable en la mesa paritaria.
El gobierno argumenta que necesita de la aprobación de la Ley de Emergencia que ya fue rechazada por los gremios, para poder tomar empréstitos como ya ha sucedido en sendas ocasiones durante los gobiernos de de Daniel Peralta y Alicia Kirchner.
Fuente: Winfo.