Un informe gremial de 2025 y una denuncia estatal ya apuntaban contra el juez Quelín, quien ordenó detenciones de ATE en Las Heras. Pero también la Fiscalía de Estado pidió que se lo investigue por su accionar judicial.
En medio de la polémica por la detención de dirigentes de ATE en Las Heras, volvió a tomar relevancia un informe publicado por el Gremio de Judiciales de Santa Cruz el 4 de junio de 2025.
El documento, difundido durante la gestión de la secretaria general María Alejandra Beroiz, expuso un “mapa de denuncias” contra magistrados y funcionarios judiciales en toda la provincia por presuntos hechos de violencia laboral, abuso de poder e irregularidades.
Entre los casos señalados, ya figuraba el nombre del juez de Las Heras, Eduardo Quelin, quien este miércoles ordenó la detención de los dirigentes sindicales.
Denuncias previas contra el juez de Las Heras
Según el relevamiento del gremio judicial, Quelín acumulaba denuncias por violencia laboral contra trabajadores y secretarios del juzgado.
“Trabajadores y secretarios pidieron sus pases ante la inacción del TSJ y la impunidad del magistrado”, indicaba el informe, que además detallaba un pedido de jury por “abusos de autoridad y mal desempeño”, sin avances hasta ese momento.
El documento advertía que muchas de las denuncias presentadas no tenían seguimiento efectivo, lo que, según el sindicato, reflejaba un funcionamiento deficiente dentro del sistema judicial provincial.
Un mapa más amplio de denuncias en la provincia
El informe incluía casos en distintas localidades como Caleta Olivia, Pico Truncado, Río Gallegos, El Calafate y Río Turbio, con acusaciones similares contra jueces, defensores y fiscales.
“Muchas de estas denuncias no han tenido novedades en su tramitación, evidenciando un sistema que, en lugar de garantizar justicia, protege a los poderosos”, señalaba el gremio.
Además, la organización reafirmaba su postura institucional: “El Sindicato continuará exigiendo respuestas concretas y acompañando a los trabajadores judiciales en su legítimo reclamo por condiciones laborales dignas y libres de violencia”.
La Fiscalía de Estado también pidió investigarlo
A estos antecedentes se suma una presentación realizada por la Fiscalía de Estado de Santa Cruz al inicio de la actual gestión provincial.
El pasado 2 de febrero de 2024, el organismo presentó una denuncia penal ante el Juzgado de Instrucción de Pico Truncado para que se investigue el accionar del fiscal Federico G. Pereyra y del juez Eduardo Quelin en una causa que terminó con el sobreseimiento del exintendente de Pico Truncado, Osvaldo Rubén Maimó, y de la exfuncionaria Sofía Hernández.
Según se detalló, la decisión judicial “se habría dado de una manera irregular y a través de actos contrarios a derecho”, lo que podría tener relevancia penal por el impacto institucional del caso.
“La denuncia se enmarca en el compromiso del nuevo gobierno con la transparencia, la legalidad y la protección de las instituciones democráticas”, señalaron desde la Fiscalía de Estado.
La causa original se remonta a 2013, cuando se denunciaron presuntas irregularidades en la administración pública, entre ellas la adjudicación de terrenos fiscales y contrataciones sin autorización del Concejo Deliberante.
Contexto actual: detenciones y tensión gremial
La difusión de este antecedente cobra especial relevancia luego de que el juez Quelín ordenara la detención de dirigentes de ATE en Las Heras tras una protesta en el hospital local.
El caso generó un fuerte rechazo de sectores sindicales, que denuncian criminalización de la protesta y cuestionan el accionar judicial.
Fuente: Nuevo Dia