Es oficial la prohibición de los cargos hereditarios en el sector público.

La medida impide que tanto familiares como cónyuges de empleados estatales que hayan fallecido, ocupen sus puestos de trabajo en reemplazo.
A través del decreto 959/24, el gobierno nacional oficializó la eliminación de los cargos hereditarios en la administración pública. Además, el Ejecutivo destacó cuáles son los nuevos criterios para las designaciones de personal en el sector público.

La decisión, anunciada hace unos días atrás por el vocero presidencial, Manuel Adorni, y el ministro Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, fue confirmada esta madrugada en el Boletín Oficial. “No se admitirá para acceder a un empleo en el ámbito del Sector Público Nacional en los términos del artículo 8° de la Ley N° 24.156 ningún privilegio, ventaja o beneficio sustentado en vínculos hereditarios, cualquiera sea la modalidad de contratación”, indica el documento.

Según consignó el diario Crónica, la medida impide que tanto familiares como cónyuges de empleados estatales que hayan fallecido, ocupen sus puestos de trabajo en reemplazo. Es por eso que en la disposición, que lleva la firma del presidente Javier Milei, se destaca que “es dable remarcar que no resulta admisible que se mantengan prioridades para acceder a un cargo público ni se otorguen privilegios que contravengan el principio de igualdad”.
Según explicaron desde el Ministerio de Desregulación y Modernización, con esta medida se busca profundizar “la estrategia de racionalización del tamaño del Estado, que ya logró el recorte del 15% de la planta del personal público y la intimación para que se jubilen sin demoras aquellos empleados que están en edad de retiro”.
En esa línea, en el comunicado emitido desde la cartera liderada por Sturzenegger se señala que “Este ilógico privilegio colocó a los empleados públicos por encima del resto de los trabajadores de la Argentina. Pero, de ahora en más, quien ocupe un puesto en el Estado será elegido solamente por su idoneidad”.
En tanto, uno de las principales motivos en los que se basó el Gobierno para impulsar esta disposición es que en la Constitución se incluyen principios de igualdad, mérito y transparencia en la administración pública. “La Constitución Nacional reafirma la concepción liberal de nuestra República al reconocer en su Preámbulo el objetivo de asegurar los beneficios de la libertad y el ejercicio de las libertades individuales de los habitantes”, recalca. Y agrega: “Las bases constitucionales de nuestro país fueron consolidadas sobre el principio de igualdad y su proyección hacia la prohibición de establecer distinciones fundadas en la ascendencia”.

Por último, la medida enfatiza que la idoneidad se convierte en “un criterio objetivo y nivelador para el acceso al empleo público, que se condice con el sistema republicano y democrático y permite un mejor funcionamiento de las instituciones”.