Por Javier Stoessel: Reforma de la ley que rige el Tribunal de Cuentas en Santa Cruz: retroceso institucional e inminente conflicto de poderes

La reforma de la Ley 500 -ley que rige el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Cruz- realizada en la última sesión de la Cámara de Diputados fue anunciada como un progreso institucional desde sectores del Vidalismo y sus aliados.

Sin embargo, se trata de una reforma que no hace más que perfeccionar la dependencia del organismo al Poder Ejecutivo Provincial; que era precisamente lo que había que cambiar.

El Tribunal de Cuentas no sirvió para controlar el destino de los fondos públicos en Santa Cruz, con la mayoría de sus miembros afines al gobierno de turno, y sin mecanismos ni herramientas efectivas y actualizadas para realizar su trabajo.

Resultaba necesaria su reforma, y uno de los puntos principales sobre los que se debia avanzar eran los mecanismos de designación y remoción de sus vocales.

El diseño kirchnerista, posibilitó la designación de Vocales que garantizaban el alineamiento político, familiares, amigos y militantes, designados incluso en violación a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
Pero esta dependencia hoy se acrecienta.

En la nueva reforma, el mandato de los vocales se alinea con el del Gobernador.

Como en el sistema anterior, se designan a propuesta del gobernador, con acuerdo de mayoría simple de la cámara. Con la nueva reforma, su mandato iniciará y vencerá junto con el mandato del gobernador de turno. Pero además, sino cumpliesen su función, ahora también pueden ser removidos por mayoría simple de la Cámara.

El sistema anterior del Tribunal de Cuentas, generaba dependencia y alienación con el Poder Ejecutivo. Hoy la garantiza.

Otra crisis institucional en Santa Cruz.

Otro punto relevante de la nueva reforma, es que va a provocar la cesación del mandato de los actuales vocales.

La única interpretación posible del artículo 5 de la nueva ley, que establece que para continuar en sus mandatos, los vocales actuales deberán ser propuestos para un nuevo acuerdo de la Cámara, es que se busca hacerlos cesar en sus mandatos, desconociendo la inamovilidad con la que fueron designados originariamente.

Será otra vergüenza institucional para Santa Cruz, un nuevo caso Sosa por remoción de funcionarios designados con carácter vitalicio, por motivos políticos.

Pero más vergonzoso aún, porque los funcionarios que se remueven, no son como el honorable doctor Sosa, y hubiere sido oportuno y sano para la vida institucional transitar el camino de la ley para su remoción y someterlos al Jurado de Enjuiciamiento, donde quienes sostienen que no han cumplido su cometido y favorecido la corrupción en Santa Cruz, aporten las pruebas, y donde los acusados puedan ejercer su derecho de defensa.

Otro detalle no menor, es que, de avanzar el partido gobernante sobre los actuales vocales del Tribunal de Cuentas, es de esperar que será judicializado, y quien en definitiva resolverá la cuestión será nuestro Tribunal Superior de Justicia, integrado, entre otros, por un vocal designado en violación de la Constitución Provincial, y que debiera ser apartado por ello.
Si se continúa por este camino, será un claro cuadro de la degracación institucional.

Previo a su aprobación, quienes actuaron como vocales en el Tribunal por la minoria política, presentaron diversos puntos a contemplar para el análisis de la reforma, e incluso se realizó una convocatoria para su exposición en comisiones. Ninguno de ellos mereció análisis por parte de la legislatura.

Puntos simples, difícilmente cuestionables:

*Designación de los Vocales previo procedimiento de concurso público;
*Designación con acuerdo de dos tercios de los miembros de la cámara;
*Procesos de remoción con invocación de causal de mal desempeño por Juicio Político, y con el voto de dos tercios de los miembros de la Cámara.
*Reforzar los mecanismos de control por auditorías actualizadas.
*Dotar al tribunal de cuentas de inspectores para el control de ejecución de proyectos y obras.
*Restablecer el mecanismo de intervención previa, hasta tanto se pongan en funcionamiento las auditorías internas;.
*Autarquía Presupuestaria del TC.
*Obligatoriedad de informes públicos del Tribunal de Cuentas, y Publicidad obligatoria de la totalidad de sus Resoluciones y Fallos.

La reforma, sin embargo, solo buscó conformar un Tribunal de Cuentas alineado al Poder Político, como siempre lo estuvo con el Kirchnerismo, pero reforzando la dependencia del Poder Ejecutivo, al punto tal, que difícilmente pueda ser considerado un organismo de control externo, y, en el mejor de los casos, quizá pueda funcionar como una auditoría interna.

  • Abogado, ex vocal por la minoría en el Tribunal de Cuentas.
  • POR JAVIER STOESSEL.