La provincia de Santa Cruz, es uno de los distritos en los que, al menos 128 trabajadores públicos también cobran el Plan Potenciar trabajo. El fiscal Marijuan pidió suspender esos planes.
Los datos recabados hasta ahora son de 10 de los 24 distritos del país que respondieron a la requisitoria judicial e involucran $7,5 mil millones al año.
El fiscal federal Guillermo Marijuan confirmó que 8.583 personas que accedieron al Potenciar Trabajo eran empleados publicos provinciales que cobran $7.5 mil millones anuales, según datos que obtuvo hasta ahora de 10 de las 23 jurisdicciones y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La provincia donde más empleados cobran el Potenciar Trabajo es Tucumán con 1.145; le siguen La Rioja, con 1.060 -entre 303 de planta permanente y 757 contratados-; Jujuy, 652; Corrientes, 518; Salta, 434; Río Negro, 198; Córdoba, 194; Formosa, 180; y Santa Cruz, con 128.
El titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISES) ya envió su investigación preliminar a los fiscales federales de turno de esas diez provincias y solicitó la “suspensión y/o baja de planes sociales”, en el marco de la investigación preliminar que instruye caratulada como “Caso Coirón Nro. 234746/2023?.
Les pidió “hacer cesar los efectos del delito”, mediante la suspensión o baja, y una vez impulsada la acción penal, dictará la orden al área que gestiona el Programa Potenciar Trabajo, bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, para que suspenda los planes involucrados, sin perjuicio de un reempadronamiento con previa citación y acreditación de los extremos legales del Programa.
Lo fundamenta en que vienen siendo percibidos “en clara transgresión a la normativa y al espíritu perseguido por el Estado Nacional al momento de su creación”.
La acusación que pesa sobre los involucrados, según los informes provinciales, es “la realización de presuntas maniobras ilícitas que podrían encontrar adecuación típica en el delito de defraudación contra la Administración Pública; así como también contra los funcionarios públicos nacionales y provinciales que por sus acciones u omisiones han permitido o facilitado la comisión de estos fraudes contra el Estado Nacional, conductas que, en principio, encuadrarían en el delito de violación de los deberes de funcionario público”.
“A través de la maniobra desplegada se provocó un error en el entonces Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que, creyendo que se encontraban cumplidos los requisitos exigidos por la normativa, otorgó los beneficios solicitados o mantuvo la vigencia de los ya vigentes, generándose así un desprendimiento de fondos indebido que asciende a la suma aproximada de $50.800.000 mensuales”. Esto es $609.600.000 anuales”, señaló.
Entre los chequeos necesarios para saber si hay incompatibilidades entre la función y el subsidio reside en cotejar los ingresos y permanencia en el Programa para los que realizan alguna prestación social y/o de empleo en el Estado provincial, municipal o en organizaciones no gubernamentales que sustituyan a la labor del organigrama administrativo.
En el informe efectuado a priori por el fiscal federal Guillermo Marijuan se reveló el escandaloso dato de que, en los últimos 14 años, más de 200 mil beneficiarios de estos planes sociales viajaron al exterior, a pesar de recibir subsidios estatales destinados a personas en situación de vulnerabilidad.
Según consignó, desde 2009 hasta 2023, el Estado argentino otorgó subsidios millonarios al menos a 211.977 personas que salieron del país utilizando diversos medios de transporte, incluyendo aviones y cruceros, mientras recibían beneficios estatales.
De este total, 159.919 casos corresponden al período 2020-2023. Estos beneficiarios, según la investigación, recibían mensualmente alrededor de 66.000 pesos argentinos por cuatro horas de trabajo en Unidades de Gestión dependientes de cooperativas, gobiernos locales, ONGs, e incluso iglesias??.
Marijuan solicitó la baja de casi 160 mil beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, señalando que el valor mensual que les tenía asignado el gobierno asciende a unos 28.877.302 dólares estadounidenses, cifra que anualizada alcanza los 346.527.627 dólares. (NA)