No es casualidad, es causalidad y lo anunciamos hace mucho tiempo, cuando vimos la forma en que se relacionaban el intendente de Río Gallegos Pablo Grasso, virtual pre candidato a gobernador por el FPV y Pedro Mansilla, Secretario General del SOEM, el sindicato municipal que actúa en la comuna local; en una de nuestras notas no descartamos que fuera a integrar una boleta partidaria y así va a ocurrir.
En rigor, todo sindicalista debe velar por el interés de sus afiliados y el intendente, cuidar los recursos municipales. Nada indica que ambos deban ser enemigos, por el contrario, de la sana convivencia entre la patronal y la gremial, se consolida la paz y la armonía que lleva a los logros, sin embargo, esto no significa que alguna de las partes deban deponer sus intereses sectoriales; el problema es cuando esa fina línea desaparece porque los intereses políticos y gremiales se mezclan y acá en Río Gallegos, ocurre y lo advertimos con mucha anticipación.
Gremialista y candidato
“A confesión de parte, relevo de pruebas”, expresa el dicho, lo cual significa que quien confiesa algo, libera a la contraparte de tener que probarlo. Y esto ocurrió con Pedro Mansilla, quien en una entrevista por FM Top 93.3, no descartó ser candidato de Pablo Grasso en las próximas elecciones.
Dicho esto y por propia boca del titular del SOEM se entienden y explican por sí mismas las actitudes complacientes del sindicalista hacia las acciones tomadas por el intendente de Río Gallegos, a quien en toda circunstancias ha justificado o bien ha encubierto con el silencio.
Hemos dicho hasta el cansancio que cuando un dirigente gremial de un organismo del Estado (provincial o Nacional) juega en política y lo hace dentro del partido que conforma la patronal, su figura se desdibuja; sus afiliados dejan de estar representados genuinamente por alguien que debería luchar por sus derechos, por cuanto ese dirigente arrió las banderas de las luchas y los reclamos, en virtud de su vocación política y su alineamiento con el sector oficial ante quien debería reclamar por su afiliados y no callar y confabular para construir, usando al gremio, para construir su futuro político.
Cuando la movilera le pregunta ¿Va a ser Ud diputado por el Pueblo de parte del intendente Grasso?, Mansilla inmediatamente y sintiéndose muy incómodo responde “No se de dónde sacaron eso (¿?), pero en la medida que podamos vamos a participar en política, si desde otras organizaciones gremiales participan en política ¿Cómo no vamos a participar los municipales?, pero la periodista le repreguntó ante la evasiva ¿Pero Ud va a ser candidato en la lista de Grasso, no lo descartamos? Y el dirigente del SOEM asintió “Bueno, no descartemos nada…”. Los nervios le impidieron coordinar una respuesta coherente al municipal, pues comenzó cuestionando el origen de la pregunta e inmediatamente lo reconoció.
Luego Mansilla navegó por aguas turbias, cuando la entrevistadora lo abordó por la falta de asambleas en el municipio, donde los afiliados puedan participar, tal como se hizo siempre en esta capital y dejó de hacerse con motivo del Covid.
Acá Mansilla le respondió con una parábola a la periodista, porque en vez de explicar por qué no se hacen más asambleas, aunque sea por zoom, el gremialista comenzó a explicar que como se hacen paritarias de forma “casi permanente” en la gestión del intendente Grasso, prácticamente fundó en este argumento que se hace innecesario el llamado a asambleas, una excusa ciertamente llamativa y peligrosa, que debería alertar a los afiliados del SOEM porque sobre las asambleas se funda la democracia sindical.
La otra pregunta que lo dejó en la cuerda floja, fue cuando la periodista quiso saber si Mansilla estaba de acuerdo con que la municipalidad de Río Gallegos le pague en cuotas las liquidaciones finales a los jubilados.
Inmediatamente Mansilla resaltó que no es problema de esta gestión (de Grasso), sino que ya hace tres gestiones atrás que esa liquidación se paga en cuotas y recalcó lo de tres agestiones anteriores, a los efectos de dejar aclarado que no ha sido una decisión del intendente Grasso hacer el pago de esta manera y cuando la periodista lo apuró diciéndole “Entonces, Ud está de acuerdo que se pague en cuotas”, el Secretario General del SOEM, dijo “No, claro que no”, pero acto seguido volvió a repetir que no es un problema de esta gestión, sino que viene de años anteriores, exculpando al actual intendente y de alguna manera justificándose ante sus afiliados de por qué como titular del SOEM, no plantea un reclamo en ese sentido.
Las señales
En julio del 2019, desde OPI revelamos que el intendente Pablo Grasso mantenía a los empleados municipales sin cobertura por invalidez, incapacidad y/o fallecimiento. El 9 de marzo del 2020, volvimos a ampliar nuestro primer informe al respecto.
Esta grave situación se vivía por entonces, debido a que el intendente hacía 7 meses que había dejado de pagar la ART y canalizaba todo por el ISPRO, Instituto provincial que no estaba reconocido ni habilitado para brindar seguridad social, por parte de la Superintendencia de Seguros.
A pesar de la gravedad de esta información que sacamos a la luz, el SOEM no levantó ni un solo dedo para protestar por la orfandad en la que el intendente había dejado a los trabajadores municipales al no mantenerlos asegurado tal lo marca la ley.
El 6 de mayo de 2021 destacamos en un informe la intención del Intendente Pablo Grasso de crear lo que denominó “Municipio de Río Gallegos Sociedad del Estado”, una suerte de empresa sui géneris, cuyo fundamento era crear una estructura paralela fuera de los controles municipales, para manejar fondos en la contratación pública generando una situación por demás irregular con el personal que se desempeña en la municipalidad, que habría levantado el grito en el cielo de cualquier sindicalista que representara a los empleados del sector.
Pedro Mansilla no lo cuestionó y solo en una entrevista realizada por Fm News, gambeteó la responsabilidad de acusar al intendente por la falta de transparencia para gestionar una iniciativa de este tipo.
El 7 de julio de 2021, por Fm News Pedro Mansilla pidió un minuto al aire para agradecer al intendente Pablo Grasso, por el acto realizado en la sede del SOEM donde se anunció el “pase a planta” de 42 empleados que, según Mansilla, estaban “colgados” desde que ingresaron en el final de la gestión del ingeniero Roberto Giubetich (UCR), anterior intendente de Río Gallegos.
Al aire le expresaron a Mansilla el inconveniente de seguir metiendo gente al Estado municipal, siendo que éste posee alrededor de 5.000 agentes y ante el micrófono el conductor resaltó que el SOEM no necesitó, en esta instancia, hacer piquetes ni reclamar en la puerta del municipio para que ingresaran estos 42 empleados, como sí sucedía con los intendentes de Radicales.
Una vez más quedó expuesta la relación política entre el intendente (la patronal) y Mansilla (la parte sindical).
La Directora de Tránsito del municipio de Río Gallegos, Bárbara Biot les propuso a la delegada del SOEM (Sindicato de Obreros y Empleados Municipales) Ivana Sardi que haga llegar a todos los inspectores de tránsito, divididos por grupos operativos, una increíble propuesta: la de sustituir el cumplimiento de las denominadas “horas plus” que cumple el personal (una especie de horas extras) en esa Dirección, a cambio de labrar en la calle, mensualmente, 25 actas de infracción y 5 secuestros, cada uno.
El escándalo sobrepasó los límites del municipio, llegó a los medios y Pedro Mansilla, a pesar de la gravedad de lo ocurrido, no alzó la voz.
Todo develado
Y todo decanta en estas últimas declaraciones del titular del SOEM quien confesó estar acompañando a Pablo Grasso en campaña por el interior provincial y no descartó de ser su candidato a diputados por el pueblo de Río Gallegos, en las próximas elecciones.
¿Es ilegal lo que hace Mansilla?, no. Es éticamente incompatible, porque como representante de miles de afiliados municipales, es obvio que al ser camarada, compañero de ruta y militante/candidato junto con el intendente, a quien le debe reclamar en defensa de sus afiliados, se intuye que el dirigente no va a ser objetivo; no se ve bien que un sindicalista se abrace con la patronal, porque esto lleva a ser permisivo y poco propenso a exigir por los derechos colectivos de sus representados, cuando quien debe responder es su patrón político que en pocos meses lo incluirá en una boleta como candidato a diputado. (Agencia OPI Santa Cruz)