EN SANTA CRUZ: Devolverán los montos a los usuarios que hayan pagado aumentos superiores al 300%

Es a raíz del fallo favorable a la provincia que emitió la doctora Marta Yánez. Así lo afirmó el abogado patrocinante en la presentación del amparo del Estado Provincial contra el aumento de las tarifas de gas.

La medida cautelar de la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, que frenó los aumentos de gas hasta diciembre obliga ahora a las distribuidoras a devolver el dinero a aquellos usurarios que hayan pagado montos superiores al 300% de aumento.

La jueza ordenó a Enargas “comunicar en forma inmediata la presente medida cautelar a las empresas distribuidoras o subdistribuidoras del elemento a fin que, durante el plazo de 6 meses de su vigencia: a) se abstengan de aplicar incrementos superiores al 300% en comparación con el mismo período de facturación del año anterior”.

Por lo tanto quienes hayan abonado montos superiores a ese porcentaje de aumento, verá compensado el dinero que pagó demás en las próximas facturaciones.

La acción judicial fue impulsada por la Fiscalía de Estado de la Provincia, a raíz de los incrementos en las tarifas que superaban el 800%.

Los detalles del aumento y el reintegro del dinero
El abogado Juan Lucio de la Vega, patrocinante en la causa judicial, brindó detalles sobre su aplicación e impacto en las boletas emitidas.

La medida judicial alcanza los habitantes de las localidades ubicadas en los Departamentos Deseado, Lago Buenos Aires, Magallanes y Río Chico de la Provincia de Santa Cruz.

No obstante como el gobierno provincial presentó otro amparo en el juzgado federal de Río Gallegos, los usuarios de la capital provincial, El Calafate, El Chaltén, y las localidades de la Cuenca, se espera que el mismo tenga una similar resolución judicial favorable.

La presentación de la Fiscalía de Estado demostró la existencia de incrementos en la facturación superiores al 450% para el mes de junio, mientras que para julio se estima un aumento promedio del 800%. En su fallo, la jueza argumentó que los aumentos sugieren que las nuevas tarifas de gas no cumplen con los principios de razonabilidad, previsibilidad y gradualidad en la fijación de tarifas. Además, la decisión subraya las condiciones climáticas de la región, la llegada de la temporada fría y la necesidad de un mayor consumo de gas.

La resolución de la jueza también instruye al Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) a notificar a las distribuidoras y subdistribuidoras para que ajusten su facturación. La resolución dispone que en caso de que hayan ya aplicado y percibido sumas superiores a ese tope, deberán compensar el excedente en la facturación de los períodos inmediatos y posteriores.

Según de la Vega, los usuarios que ya hayan recibido boletas con aumentos superiores al 300% en los departamentos donde comienza a aplicarse la medida cautelar, deberán comenzar a ver sus facturas ajustadas en el próximo período para respetar este tope. “Así como la distribuidora, las empresas de gas, adecuan la facturación a las normas que les dicta el ente regulador con los nuevos valores, así también tendrán que establecer el mecanismo para que los valores a facturar no superen el tope que impuso la jueza,” afirmó.

Este ajuste debe incluir tanto el precio del gas consumido, como los cargos adicionales que se aplican en la factura. “Las facturas de gas no solo incluyen el precio del gas consumido, sino también cargos fijos que Enargas había aumentado en un 800%”. Este incremento, combinado con el aumento del precio del gas, dio como resultado facturas excesivamente altas.

En este marco, se espera una resolución similar en la Justicia de la capital provincial. “Estamos esperando el fallo del Juez para las localidades de Río Gallegos, El Calafate, Río Turbio, 28 de Noviembre, para conocer qué se resuelve y en qué términos”, dijo De La Vega.

Esta medida cautelar es crucial no solo para los usuarios residenciales, lo que contribuiría significativamente a aliviar el bolsillo de todos los santacruceños “sino también para las instituciones públicas que deben afrontar las tarifas de gas en hospitales, comisarías y otras entidades”.